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Doctores en Derecho, integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, reprobaron el sistema judicial mexicano y los avances que hay hasta hoy en la implementación de la reforma judicial, al considerar que no se ha logrado la capacitación y profesionalización de ministerios públicos, que no hay autonomía estructural y operativa en las procuradurías, se carece de uniformidad y homologación de leyes penales y, además, se cuenta con un sistema penitenciario en caos.

En entrevistas por separado, el ministro en retiro Luis Fernández Doblado, el ex procurador capitalino René González de la Vega y los penalistas Fernando Sánchez Cordero y Ruth Villanueva aseguraron -con diferentes matices- que la reforma penal no es y no será una solución de fondo a esta problemática, e incluso algunos la calificaron como errónea.

En tanto, doctores en Derecho como Miguel Carbonell, Sergio López Ayllón y Javier Carrasco Solís afirman que la reforma penal ha significado un avance, aunque aún existen enormes rezagos.

Fernández Doblado y González de la Vega consideraron que la falta de una legislación única impide un avance real en materia de justicia penal, ya que mientras los gobernadores y el Presidente sigan obstinándose en mantener bajo su mando a las procuradurías, éstas seguirán siendo instituciones que actúen bajo los dictados e intereses políticos del gobernante en turno.
Una reforma penal sin autonomía estructural y operativa de las procuradurías está condenada al fracaso, dijeron.

Los especialistas en materia penal opinaron que la falta de presupuesto, capacitación y profesionalización de los servidores públicos deberían ser factores para impulsar un sistema de justicia activo y preventivo adecuado.

También comentaron que el deficiente sistema penitenciario nacional no es más que la expresión final de nuestro aparato de justicia, que está dando un indicador de cómo están las cosas
en esta materia.

Difícil, lograr transparencia

Los penalistas Fernando García Cordero y Ruth Villanueva también criticaron la reforma penal. Afirmaron que es muy difícil que cumpla con su objetivo prioritario que es crear un sistema de justicia ágil, expedito y transparente.

Al respecto, García Cordero dijo que la copia de este sistema llevará a negociar la justicia y no a impartirla.

Ruth Villanueva afirmó que la reforma real que necesita el país debería haber sido reflexionada, pensada y propuesta con modificaciones y adecuaciones en otros sectores que afectan al sistema penal, pues de lo contrario puede repetirse lo ocurrido con la reforma penal para menores, que resultó un retraso en este ámbito.

Sin embargo, para los especialistas Miguel Carbonell, Sergio López Ayllón y Javier Carrasco Solís la reforma constitucional al sistema penal mexicano de 2008 significó un paso muy importante, porque en el marco legal hubo un avance positivo, aunque aceptan que aún persisten en el país grandes rezagos.

Los puntos "a favor"

Carbonell, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la reforma planteó un cambio en el sistema penal en su conjunto, que no sólo incluyó los juicios orales, sino que atiende desde aspectos de prevención delictiva que tienen que ver con la calidad de los policías y la coordinación entre los niveles de gobierno en seguridad.

Comentó que la reforma también termina con el llamado monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público y establece la presunción de inocencia de manera expresa.

"Uno de los más grandes pendientes en esta reforma constitucional es que falta aterrizarla, es decir, dictar las leyes de desarrollo, crear los órganos que ordena la Constitución, como los jueces de vigilancia penitenciaria que deberían estar funcionando a partir del 19 de junio de este año, implementar las salas de juicio oral y capacitar a los jueces para que sepan cómo conducirse en las audiencias. Este es un primer paso importante, pero también decisivo", comentó Miguel Carbonell.

Sergio López Ayllón, académico de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, agregó que también hay rezagos en la capacitación de los policías para la investigación, en capacitación y en la nueva organización de los ministerios públicos, así como retrasos en una nueva visión del sistema penitenciario.

"En otras palabras, hay rezagos normativos en la transformación institucional, en la capacitación de los recursos humanos, y parece que no hay demasiado interés político para cumplir con el mandato constitucional en todos los niveles", comentó.

Javier Carrasco Solís, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), coincidió con López Ayllón en el sentido de que se requiere de mayor voluntad política para transformar el sistema penal.

"Hace falta, además, una verdadera reingeniería y reestructuración de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Si bien se le ha puesto mucha atención a los juzgados y a los jueces, este nuevo sistema sólo funciona si se transforma", afirmó.