El senador Fernando Castro Trenti presentó un punto de acuerdo, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara Alta, para que se modifique el decreto del 24 de marzo de 2009 que permite la entrada de camiones de carga "chatarra" (de más de 7 años de antigüedad) a territorio nacional, porque ello perjudica a la industria nacional de fabricantes de autobuses, camiones y tracto-camiones.

"Exhorto al Gobierno Federal a dar mayores estímulos al sector del autotransporte, fomentar las condiciones que les permitan adquirir las unidades que necesitan para el desarrollo de sus actividades", señaló el legislador federal.

El también vice coordinador de los senadores priístas dijo que el objetivo central de la propuesta es evitar que se continúe afectando al sector, la seguridad de los pasajeros y del sistema carretero, al medio ambiente y que permita dar cumplimiento a los compromisos contraídos por México en el TLCAN en ese rubro.

"El Gobierno Federal debe establecer planes de fomento para renovar todo el parque vehicular de carga con antigüedad mayor a 7 años, y de esta forma incentivar  la producción nacional y generar mejores y más dignas condiciones de vida al hombre camión", dijo el senador por Baja California.

"Hay razones ambientales de sobra para solicitarle a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que expida la Norma Oficial Mexicana correspondiente a la internación al país de vehículos automotores usados, ya que la NOM-044-SEMARNAT-2006 sólo es aplicable para vehículos nuevos",  expuso.

Lo que se busca -explicó- es que sólo se permita el acceso a territorio nacional a vehículos que cumplan con las normas mexicanas sobre emisión de humo, con las condiciones físico-mecánicas y de seguridad, para evitar que se siga afectando la infraestructura del autotransporte mexicano porque daña la competitividad, y pone en riesgo la conservación de miles de empleos que genera dicha industria.

La propuesta del senador Castro Trenti incluye la conformación de una mesa de trabajo con los representantes de organizaciones y asociaciones de autotransportistas y fabricantes de autobuses, camiones y tractocamiones, para que se diseñe un instrumento jurídico que defina los mecanismos y condiciones para la importación de vehículos usados.