Los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudid Jurado promovieron un segundo amparo ante la justicia federal, dio a conocer su abogado Maclovio Murillo.

Apenas hace una semana interpusieron un recurso de esa naturaleza en contra del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, por la suspensión de labores que se les decretó el pasado 17 de diciembre, luego del homicidio de la activista Marisela Escobedo.

Ese amparo se presentó en el Juzgado Tercero de Distrito, sin embargo la juez titular se declaró impedida de conocer del asunto, por tener una relación de amistad con los tres, y lo turnó a un Tribunal Colegiado el cual todavía lo revisa y fallará en los próximos días.

En tanto que el segundo amparo es contra el decreto emitido por el Congreso local, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 15 de enero del 2011, y mediante el cual admitió  la solicitud de juicio político contra los jueces del tribunal oral, interpuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Murillo dio a conocer que el texto que se entregó a la justicia federal se señala que el actuar del Congreso del estado obedece a la presión de entes externos al Poder Legislativo, como los medios de comunicación o el titular del Ejecutivo, César Duarte Jáquez, además, argumentaron que es evidente, notoria e indudable la improcedencia de esa vía para sancionar a los jueces según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

sma