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Petróleos Mexicanos (Pemex) ya había sido alertada y reconvenida varios meses por legisladores federales debido al incremento de tomas clandestinas, no sólo en número, sino en cuanto a las zonas del país en las que se registra el ilícito.

La paraestatal aseguró en septiembre pasado a la Cámara de Diputados que había logrado una reducción de 58.6% en el faltante de combustible. En el mismo informe, el más reciente, afirmó que en el segundo trimestre de 2010 se localizaron 273 tomas clandestinas, 187 en poliductos y 86 en oleoductos de donde se extrajeron recursos estimados en 824 mil 661 barriles de productos petrolíferos.

En aquella fecha, el diputado Arturo Jiménez Zamora, a nombre del PRI, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a Pemex, incrementar las accciones contra el robo de combustible en el país.

Además, la dependencia reconoció que este “este tipo de sustracciones ilícitas no sólo dañan el patrimonio de la nación, sino que además ponen en peligro la integridad de la población que vive en las zonas aledañas”.

Ayer, Pemex descartó que la explosión en San Martín Texmelucan, Puebla, haya sido un atentado y agregó que existen indicios que la catástrofe se originó debido a la “ordeña” de un ducto que transportaba 200 mil barriles diarios de petróleo crudo desde Dos Bocas, Veracruz hacia Tula, Hidalgo.

“Todos los indicios permiten asegurar que fue un accidente; incluso se hallaron los cuerpos calcinados de dos personas pegados al tubo a unos metros de donde ocurrió la explosión”, dijo personal de la oficina de Comunicación Social de Pemex.

“En el caso del petróleo, las tomas se hacen en estos ductos por equivocación, porque lo que en realidad buscan es la gasolina”, se detalló.

La paraestatal agregó que en los últimos tres años detectó y clausuró un total de mil 465 tomas clandestinas.

Se expande el robo

En agosto pasado, EL UNIVERSAL documentó que de 2004 a 2009 el número de tomas clandestinas se multiplicó de 110 a 453 casos. Pero además, se estableció que el robo se expandió territorialmente; si en 2004 se concentraban en zonas como Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y el estado de México, para 2008 eran ya 15 entidades más en las que se cometían hurtos: Baja California, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla y en el Distrito Federal.

A esta lista se agregaron en 2009 Aguascalientes con cuatro tomas clandestinas reportadas, Sonora con una, Zacatecas con cuatro y el estado de Chiapas con una.

En cuanto a San Martín de Texmelucan, en un reporte del último trimestre de 2009, Pemex informó que se habían detectado 11 tomas clandestinas, de 148 en total.

Héctor Moreira, consejero profesional de Petróleos Mexicanos, dijo en ese mismo reporte que en el interior de dependencia había gran preocupación porque las tomas clandestinas provocan fugas y derrames, sobre todo en ductos, que pueden ser sumamente peligrosos para la empresa, sus trabajadores y para la población que habita cerca de las instalaciones.

Reformas contra el saqueo

A fines del periodo ordinario de sesiones que recién terminó, la Cámara de Senadores aprobó una reforma para castigar por primera vez a quienes dañen la industria petrolera con el robo, transportación o posesión ilícita de combustible, con penas que van de seis meses a diez años de prisión. El cambio aún tiene que ser ratificado por la Cámara de Diputados.

El senador del PAN, Alejandro González Alcocer, uno de los tres promotores de esta reforma, consideró que la explosión en Puebla, donde murieron 28 personas, deja claro “la urgencia de ponerle remedio a este problema”.

La reforma que alcanza al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que se sancionará a quien “posea o resguarde de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados”.

González Alcocer explicó en breve entrevista telefónica que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, encargada de revisar la minuta del Senado sobre el tema, se comprometió a sacar adelante el proyecto en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Con esta nueva disposición se castigaría con cárcel de seis meses a dos años a quien tenga ilícitamente de uno a 300 litros; cuando la cantidad sea mayor a 300 litros, pero menor a mil, la persona podría ser enviada a prisión por dos o cuatro años.

El dictamen que el Senado aprobó el 7 de diciembre pasado fue elaborado con base en las iniciativas de los senadores perredistas Tomás Torres Mercado y Pablo Gómez Álvarez, así como del panista González Alcocer. La minuta aprobada especifica que la pena aumentará cuando el delincuente sea un servidor público de Pemex o ex trabajador de la industria petrolera.

PGR inicia averiguación

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que inició una averiguación previa por robo de hidrocarburo, daño en propiedad ajena y contra el ambiente.

“Lo que sucedió es esta fuga, corrió el petróleo crudo, es un oleoducto que transporta petróleo crudo, tiene gas con el petróleo, el petróleo crudo fluyó hacia el río Atoyac, se movió a lo largo del río Atoyac y lo más probable que haya encontrado un punto de ignición en las casas que estaban alrededor del río", aseguró en conferencia el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel.

Explicó que alrededor de la una de la mañana se reportaron problemas técnicos de fluctuación y presión, y que las 5:50 de la mañana se detectó una caída de presión “muy importante”.

“Hemos estado investigando, otra vez, no estamos desechando problemas mecánicos, se hizo una reparación completa de este ducto, se terminó de hacer esta adecuación en el 2008. Se están investigando las causas finales”, abundó Suárez.

El secretario de Gobernación, Francisco Blake, dijo que en 2010 se han reportado tomas clandestinas, “incluido este tramo, otra vez, no estamos desechando ninguna causa, esos son los elementos con los que contamos”. (Con información de Gerardo Mejía)