Ante la "ola de violencia" registrada en la entidad y por la "comprobada" implicación de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en los asesinatos del ex gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, y del médico oftalmólogo Mario Raúl Robles Gil Bernal, ambos ocurridos el 21 de noviembre, dirigentes y diputados de partidos políticos manifestaron "la necesidad y urgencia" de realizar cambios en las corporaciones policíacas de la entidad "pues podrían estar infiltrados por el narcotráfico".

En tanto el gobernador Mario Anguiano Moreno, como parte de su agenda ejecutiva, ha sostenido constantes reuniones con las corporaciones responsables de la seguridad en el estado, "a fin de crear estrategias conjuntas en contra del crimen organizado y de esta manera lograr el orden y la paz social", según confirmó en un comunicado de prensa la dirección de Comunicación Social del Gobierno del estado.

Dicha dependencia dio a conocer que el mandatario se reunió con los titulares de la Marina, la Sedena, la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal Preventiva, todos ellos con representación en el estado, así como con los titulares de la Procuraduría General de Justicia, la Policía Estatal Preventiva, entre otros, donde el mandatario "ha instruido reforzar las acciones que en materia de seguridad pública se realizan en la entidad".

Dentro de dichas reuniones del Consejo de Seguridad Pública, a las que no ha sido convocada la prensa, se especula que en los próximos días, quizá en el curso de la siguiente semana, el mandatario estatal anunciará el cambio de Héctor Bautista Vázquez en la dirección de la Policía Estatal Preventiva, y del procurador del estado, Arturo Díaz Rivera.

Mientas ello ocurre, y una vez que se dio a conocer la participación de uno "o varios" elementos de la Policía Estatal Preventiva en el asesinato del ex mandatario estatal, Silverio Cavazos Ceballos, diputados y dirigentes de partidos exigen cambios en la administración estatal y en los programas operativos de seguridad.

Para la coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso, Patricia Lugo Barriga, el director de la Policía Estatal Preventiva, Héctor Bautista Vázquez; el procurador general de Justicia, Arturo Díaz Rivera; y el secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro, "deberían estar a disposición de las autoridades para ser investigados", luego de que se dio a conocer que un elemento de la Policía Estatal Preventiva, adscrito a Ixtlahuacán, participó en el asesinato del ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos.

El dirigente perredista en el estado, Francisco Rodríguez García, por su parte, mencionó que ante la revelación de que un policía estatal está involucrado en el asesinato del ex gobernador Silverio Cavazos, se deduce que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Policía Estatal Preventiva (PEP) "han sido infiltradas por la delincuencia organizada".

Por lo que agregó que es necesario que Mario Anguiano Moreno comience una depuración de los cuerpos policíacos citados, comenzando por sus titulares: Arturo Díaz Rivera, de la PGJE; y Héctor Bautista Vázquez, de la PEP.

El dirigente del PAN en Colima, Raymundo González Saldaña, solicitó la renuncia de Héctor Bautista en la PEP; mientras que el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del estado, Salvador Fuentes Pedroza, ha insistido en que el gobernador debe evaluar los candidatos después de que Bautista salga de la dependencia.

El diputado petista, Olaf Presa Mendoza, culpó al gobierno federal de la escalada de violencia en el estado, pues "no ha sabido diseñar una estrategia contra todo lo que se pregona que está funcionado", y señaló que a nivel nacional se vive una escalada del crimen debido a la falta de empleo y oportunidades.

niz