La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sostuvo que la reforma del fuero militar propuesta por el presidente Felipe Calderón se queda corta y "no acaba de cumplir con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la opinión pública exigen de México".

El organismo se sumó a las críticas de Naciones Unidas y Amnistía Internacional sobre la iniciativa que el Ejecutivo envió al Senado mexicano para reformar el Código Militar, es "un esfuerzo importante para hacerle frente a la impunidad histórica de la que ha gozado el Ejército por violaciones a los derechos humanos, pero que queda corto de lo que se esperaba de México".

Maureen Meyer, encargada del programa sobre México en WOLA, dijo que "es un paso importante, pues hoy en día el Ejército está presente en muchas ciudades del país y hay quejas de violaciones a los derechos humanos a diario", y éstas han quedado impunes en su mayoría pues los casos son tratados en las cortes castrenses.

Destacó que ha habido por los menos 4 mil quejas por abusos de militares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el inicio del gobierno del Presidente Calderón en diciembre de 2006.

"La falta de castigo a estas violaciones ha fomentado nuevos abusos y debilita la confianza de los ciudadanos en las fuerzas armadas", afirmó Meyer.

Para WOLA la propuesta del gobierno federal se quedó corta, ya que solamente incluye tres tipos de violaciones a los derechos humanos: tortura, violación y desaparición forzada.

"Otros tipos de violaciones a los derechos humanos como la detención arbitraria, que por lo general lleva a otro tipo de violaciones a los derechos humanos, y la privación arbitraria de la vida, como son los ya varios casos de civiles que no pararon en un retén militar y fueron asesinados a manos de soldados, quedarán excluidos y seguirán siendo juzgadas dentro de las cortes militares".

Recordó que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México que ordenaron la reforma al artículo 57 del Código Militar "no hacen ninguna mención sobre la posibilidad de escoger qué violaciones a los derechos humanos sean excluidas de la jurisdicción militar; los estándares interamericanos de derechos humanos exigen que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas por la jurisdicción civil".

Concluyó que una reforma realmente progresista haría que todas las violaciones a los derechos humanos contra civiles fueran tratadas en cortes civiles y fuera del sistema militar.

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