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Exige PAN resolver secuestro de diputado

La Policía estatal recaba información entre los testigos del plagio de Manuel Benítez Manzanares
OAXACA, Oaxaca | Miércoles 06 de octubre de 2010 Olga Rosario Avendaño / Corresponsal | El Universal15:14
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La situación es tensa entre diversos sectores de la sociedad oaxaqueña, luego de la desaparición forzada del diputado electo del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Benítez Manzanares, registrado anoche en el centro de la población de Zimatlán de Álvarez, quien fue subido por la fuerza a una camioneta y hasta el momento se desconoce su paradero.

De acuerdo a información proporcionada por algunos testigos, Benítez Manzanares había ido por su esposa e hijos a un negocio de ropa que tienen en el centro de aquella población, localizada a unos 30 kilómetros al sur de esta ciudad, cuando tres hombres, portando armas de alto poder lo interceptaron, lo encañonaron y lo subieron a una camioneta Durango, color blanco con placas de circulación del Distrito Federal.

Benítez Manzanares, antes de contender por el PAN, en el distrito, por el que contendió y de dónde es originario (Zimatlán), se le conocía como persona cercana al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La procuradora general de Justicia del Estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, declaró a EL UNIVERSAL que los agentes de la Policía Estatal continúan con la búsqueda del diputado electo, “ya han tomado testimonios de personas, de vecinos y se continúa investigando, aun no podemos determinar qué tipo de delito es, pero estamos en eso”.

Por su parte el dirigente estatal del PAN, Carlos Alberto Moreno Alcántara, explicó que “no existen indicios para señalar que éste es un acto delictivos o con tintes políticos”.

El también ex legislador panista, mencionó “el tema es un asunto delicado que consterna al panismo oaxaqueño, lo que nos obliga como instituto político a solidarizarnos con la familia y ofertar nuestro apoyo incondicional”.

Añadió que como instituto político “es nuestro deber exigir a las autoridades de manera clara y contundente una acción rápida y coordinada de las diferentes corporaciones, como deben actuar en momentos como estos, pero aún más tratándose de una figura política recientemente electa”.

“Nuestro deber es contribuir de manera responsable a la solución de este problema, en lo intimo permaneceremos cercanos y apoyando a la familia, en lo público no haremos mayores declaraciones hasta no tener elementos debidamente validados como resultado de las investigaciones que se están realizando”, manifestó Moreno Alcántara.

Por su parte el presidente municipal electo del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Julio Antonio Aquino, quien ha denunciado diversas amenazas de muerte en su contra, luego de la elección del pasado 4 de julio, mencionó que es un gran reto “empezar a gobernar en un estado de inseguridad como en el que vivimos actualmente”.

Consideró que el estado de inseguridad en el que vive el estado mexicano, no se resuelve con batallones de soldados “patrullando las calles, el problema de la inseguridad va más allá que eso, a nuestras comunidades le hacen falta recursos y el Estado no está invirtiendo en educación, cultura, el campo, entre otros rubros importantes”.

Lamentó que debido al clima de violencia  se esté llegando a un estado de excepción y eso es un gran reto para todos los ediles electos que tomarán posesión el próximo primero de enero en los 570 municipios con los que cuenta la entidad oaxaqueña, porque “ellos votaron por un cambio”, hablando de los presidentes que ganaron por la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso (PAN, PRD, PT y Convergencia).

Por lo tanto “exigirán resultados, pero eso se complica por la falta de recursos hacia los municipios”, afirmó el edil electo de Santa Cruz Xoxocotlán.

El representante de la Asociación Civil Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), Marcos Leyva Madrid, dijo “repudiamos ese hecho, es una muestra de que el tejido social se está deteriorando y que es cada vez más visible la actuación de grupos del crimen organizado”.

Exigió a la Procuraduría “investigue hasta sus últimas consecuencias y que sea una investigación ágil, que no permita se politice. Es urgente que no se cultive la impunidad”.

Al gobierno que encabezará Gabino Cué Monteagudo y al gobierno federal, les aclaró que “es importante no confundir seguridad con represión o criminalización de la protesta social, se tendrá que actuar en el marco de los derechos humanos y de cara a la sociedad”.

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