A un año y cuatro meses del llamado "michoacanazo" los 38 funcionarios y jefes policiales de Michoacán que fueron aprendidos, han ido saliendo poco a poco debido a la fragilidad de las pruebas en su contra. Ahora queda únicamente un detenido.

El 26 de mayo de 2009, en un operativo federal conocido como "el michoacanazo" fueron aprendidos 27 funcionarios estatales y municipales de Michoacán. Ediles, jefes policiales y secretarios de seguridad pública, entre otros, fueron acusados de mantener vínculos con la delincuencia organizada, especialmente con el cártel de la Familia Michoacana. Más tarde se aprendió a tres funcionarios más, sumando 30 en ese momento.

Después fueron cinco detenidos más y al final otros tres, dando la cifra final de 38 acusados por la PGR de proteger a La Familia.

El 29 de junio de 2009, durante el proceso de arraigo fueron liberados los alcaldes Audel Méndez Chávez, de Coahuayana; José Cortes Ramos, de Aquila, y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista Tomatlán.

El 29 de enero del 2010, el Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación con sede en Acapulco, Guerrero, ordenó la inmediata liberación de 12 de los encarcelados, entre ellos los ex presidentes municipales de Tepalcatepec, Uriel Farías Álvarez; de Uruapan, Antonio González Rodríguez; de Ciudad Hidalgo, José Luis Ávila Franco y de Tumbiscatío, Adán Tafolla.

También fueron liberados el ex juez Jaime Liera Álvarez; la ex secretaria de Seguridad Pública estatal, Citlali Fernández González; el ex subprocurador de Justicia del Estado, Ignacio Mendoza Jiménez; la ex policía ministerial Gabriela Mata; el ex sindico de Lázaro Cárdenas, Abel Salazar, el ex policía municipal de Lázaro Cárdenas, Baldomero Morales; el ex director de Seguridad Pública de Tumbiscatio, Roberto Rubio Vázquez y el ex director de obras públicas de Arteaga, Salvador Dionisio.

El 9 de marzo, el ex alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, se convirtió en el funcionario número 16 en ser liberado.

El 23 de abril, tras ganar un amparo promovido ante el Juzgado Primero de Distrito de Morelia salió libre el ex alcalde de Apatzingán, Genaro Guízar.

El 11 de mayo fue liberado el ex director de Sin Financia, Ricardo Rubí Bustamante. Fue el liberado número 18.

El 21 de mayo, Juan Gaona Gómez, ex jefe de agentes de la Secretaría de Gobierno, se convirtió en la persona número 19 en ser liberada tras el operativo de fuerzas federales del 26 de mayo de 2009.

El 10 de junio de 2010, Ramón Ponce Ponce, ex asesor de la Procuraduría de Justicia fue liberado del Cereso Mil Cumbres. Fue el funcionario número 20 de los funcionarios locales detenidos.

El 2 de julio de 2010, Mario Manuel Romero Tinoco fue puesto en libertad tras haberse desvanecido las pruebas que aportó en su contra la PGR, Romero fue ex alcalde de La Huacana y académico de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo.

El 16 de agosto de 2010 fueron puestos en libertad Jairo Germán Rivas Páramo, Victorino Jacobo Pérez y José Lino Zamora, quienes eran alcaldes de Arteaga, director de seguridad Pública de ese municipio y un abogado litigante, respectivamente. Salieron del Cereso "Mil cumbres" en Morelia.

Rivas Páramo notificó el 24 de agosto al Congreso del estado su reincorporación como presidente municipal de Arteaga. Otros tres policías ministeriales fueron liberados después de eso.

El 19 de agosto de 2010, Israel Tentory García fue liberado del Cereso Mil Cumbres, se convirtió así en el liberado número 28, entonces quedaban diez detenidos. Tentory era asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno estatal y fue detenido el 29 de junio de 2009.

El 20 de agosto de 2010 salió libre Lorenzo Rosales Mendoza, ex agente del ministerio público federal. Fue el liberado número 29. El juez primero de distrito en materia federal dictó sentencia absolutoria al no encontrar responsabilidad de las acusaciones en su contra hechas por al PGR por presuntos nexos con el crimen organizado.

El 26 de agosto de 2010 Mario Bautista Ramírez, ex director de Seguridad Pública en la entidad también alcanzó la libertad. Bautista enfrentó en la cárcel un cáncer severo, incluso recibió la noticia de su liberación mientras era atendido en el hospital civil de Morelia. Fue así el liberado 30 de los 38 encarcelados.

El 2 de septiembre, el juez encargado estimó que la PGR no aportó pruebas suficientes para inculpar a Mariano Ortega Sánchez, alcalde de Lázaro Cárdenas, detenido por supuestos vínculos con La Familia. Fue reinstalado en su cargo el nueve de septiembre de 2010.

El jueves 23 de septiembre de 2010, el medio hermano del gobernador, Julio César Godoy Toscano, prófugo por el mismo caso logró entrar a la Cámara de diputados y tomar protesta como diputado federal, cargo para el que fue elegido en 2009. Con esta acción recibe el amparo de la figura de fuero constitucional, otorgada a los congresistas mexicanos.

El viernes, 24 de septiembre de 2010 fue puesto en libertad uno de los funcionarios más importantes detenidos en el operativo, se trata de Miguel García Hurtado, ex procurador de justicia del estado.

Al salir del penal García Hurtado dijo a la prensa local que pedirá al gobernador Godoy que lo reinstale en su puesto, como pasó con once alcaldes cuando quedaron libres.

Algunos de los alcaldes restituidos en sus puestos son: Genaro Guízar de Apatzingán, Uriel Farías de Tepalcatepec, Antonio González de Uruapan, Audel Méndez de Coahuayana, José Cortés de Aquila; Osvaldo Esquivel de Buenavista Tomatlán, José Luis Ávila de Ciudad Hidalgo, Adán Tafolla de Tumbiscatío y Juan Antonio Ixtlahuac de Zitácuaro.

Finalmente, este martes 28 de septiembre fueron liberados otros cinco encarcelados, llegando a un total de 35 liberados: Irlanda Sánchez Román, Alfredo Ramírez García, Noé Medina García y Faraón Martínez Molina, quienes fungían como policías ministeriales, así como Antonio Sánchez Gaytán, quien era policía municipal de Lázaro Cárdenas.

Todos fueron declarados inocentes luego de que las autoridades no encontraron elementos suficientes para fincarles alguna responsabilidad.

De 38 personas aprendidas en ese operativo sólo queda una en prisión, es el caso de Armando Medina Torres, presidente municipal de Múgica.

ml