La justicia alemana abrió un expediente contra el fabricante de armas Heckler&Koch por el presunto delito de exportación ilegal de armas realizadas en 2006 a varios estados mexicanos.

La fiscalía general y la aduana alemana son las que encabezan las investigaciones para determinar si la empresa violó la probibición vigente en el país de vender armas en zonas en conflicto, informa el semanario Der Spiegel.

"Se abrió expediente contra los responsables de la empresa", confirmó un portavoz de la fiscalía.

El presidente ejecutivo de Heckler&Koch, Peter Beyerle, rechaza las imputaciones y en Der Spiegel tilda la acusación de "absurda".

De acuerdo con las informaciones, el fabricante de armas recibió en 2006 el permiso oficial de vender a "distintas policías nacionales de México" miles de fusiles de asalto G36, arma habitual del Ejército alemán.

Sin embargo, esa autorización de la Oficina Federal de Economía y Control Exportador (BAFA) contenía la salvedad de que quedaban excluídas las zonas en conflicto, como los estados de Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Jalisco.

Equivocación letal

Un año después, la empresa solicitó un nuevo permiso, esta vez para suministrar repuestos de esos fusiles "a clientes con dirección establecida" en los estados incriminados, algo que sorprendió a los controladores de la BAFA. A las consultas realizadas oficialmente en su momento, Heckler&Koch contestó que se había tratado de "una equivocación".

La investigaciones ahora de la justicia surgieron a raíz de la denuncia de un conocido activista pacifista y contrario al comercio de armamentos de Alemania, Jürgen Grässlin, quien califica a Heckler &Koch, la especialista en la producción de armas livianas como pistolas automáticas, fusiles, ametralladoras y lanzagranadas, de ser "la empresa más letal del mundo".

¿G36 para Chiapas, Guerrero, Chihuaha y Jalisco?

La empresa se defiende afirmando que las armas se vendieron en forma central a las instancias federales de México, quienes a su vez, ya en un procedimiento interno, se encargaron de distribuirlas en diversos estados. Si hubo violación de los permisos, entonces la responsabilidad recae en los compradores en México, sostiene Beyerle.

El activista Grässlin y su abogado Holger Rothbauer aseveran en contrapartida que disponen de pruebas fehacientes de que los miles de fusiles G36 "se entregaron a conciencia y en forma planificada y deliberada, precisamente en esos cuatro estados mexicanos que habían sido excluídos en forma expresa de los permisos concedidos". La empresa, afirman, envió incluso asesores a las zonas involucradas.