Seis mujeres están cumpliendo penas de entre 25 y 30 años de prisión por abortar en el estado de Guanajuato y ser juzgadas por homicidio, mientras que otras 160 han sido denunciadas por el mismo motivo en dicho estado desde 2000, criticaron hoy activistas.

Las seis mujeres, todas de extracción pobre y sin estudios, han cumplido entre tres y ocho años de la pena impuesta por la justicia del estado de Guanajuato, en el centro del país, tras ser juzgadas como si hubieran cometido un delito de homicidio en grado de parentesco,

"Vamos a meter amparos directos a la justicia federal" , anunció Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, que provee de asistencia a estas mujeres y a las otras 160 denunciadas en Guanajuato por abortar en la última década.

Una mujer que había recibido una condena similar a las que cumplen las seis procesadas por homicidio fue liberada recientemente gracias a la intercesión del centro ante la justicia.

De estos siete casos, uno correspondía a un aborto espontáneo, otros dos a violaciones y el resto a imprudencias, aseguró Cruz. "Todos los hombres que las embarazaron las abandonaron y las acusaron" , indicó la activista.

Desde comienzos de la década, más de 40 mujeres del estado han sido procesadas por aborto, penado con hasta tres años de cárcel por el código de justicia de Guanajuato, y nueve de ellas cumplen en sus casas la pena máxima.

"El Gobierno siempre ha negado que encarcelara por delito de aborto, tuvimos que ir cárcel por cárcel para comprobarlo" , dijo la directora del centro Las Libres.

La legislación sobre el aborto varía en los 32 estados de México, mientras que en el Distrito Federal (capital) está legalizado, y otros territorios lo tipifican en su código de justicia con diversas penas y sanciones.

La ley federal contempla algunas causales en las que cualquier mujer, sin tener en cuenta donde viva, puede someterse a un aborto: por violación y por riesgo de su vida debido al embarazo.

En los últimos años se han endurecido las condiciones sobre el aborto en gran parte de los estados, también por parte de gobiernos de oposición.

Los grupos pro vida han criticado con dureza la ley despenalizadora aprobada por el Distrito Federal.

Guanajuato fue el único estado del país que, según Cruz, se negó a promulgar una ley contra la violencia de género como se dictaminó federalmente.

"Se dijo que no existe violencia contra las mujeres en Guanajuato y que no era necesaria", criticó Cruz. Hace años, recordó, las autoridades intentaron eliminar la causal de violación como justificante del aborto y la oposición de activistas lo impidió.

El estado -con el índice más alto de embarazos adolescentes de todo el país- se niega a impartir educación sexual en las escuelas.

El alcalde de la ciudad de Guanajuato, Eduardo Romero, también intentó prohibir los besos apasionados en la vía pública, pero las críticas lo llevaron a echarse atrás y declarar la urbe "capital del beso" .

Recientemente, la responsable del Instituto de la Mujer Guanajuatense calificó a las mujeres que tienen tatuajes como personas faltas de valores, reportó la prensa nacional.

vsg