El ministro encargado de la investigación del incendio de la guardería ABC, Arturo Zaldívar, llegó a la conclusión de que en este caso sí se registraron violaciones graves de garantías, de las que son responsables el actual director del IMSS, Daniel Karam, su antecesor y actual secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, entre otros.

Estas conclusiones forman parte del dictamen que Zaldívar entregó hoy a sus compañeros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del que EL UNIVERSAL tuvo conocimiento,  y que se espera sea dado a conocer en las próximas horas.

En el informe preliminar de las indagatorias del caso, que le entregaron a Zaldívar los magistrados de la Comisión Investigadora, María del Rosario Mota y Carlos Ronzon, se señalaba como responsables sólo a 19 funcionarios, federales, estatales y municipales.

Pero después de revisar las investigaciones, el ministro Zaldívar decidió incluir en la lista a otros servidores públicos, entre ellos, al actual director del IMSS, Daniel Karam.

Entre los funcionarios que Zaldívar también responsabiliza de violaciones graves de garantías destacan, además, el ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, y la ex coordinadora de Guarderías, Carla Rochín, quienes fueron cesados de su cargo un mes y medios después del siniestro en el que el 5 de junio de 2009 perdieron la vida 49 niños.

El caso de Carla Rochín generó particular atención porque se le vincula con la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, por su militancia panista y porque ambas fueron diputadas en la misma legislatura.

Para que el dictamen del ministro Zaldívar sea aprobado debe contar con el voto de al menos seis de los 11 ministros que integran el Pleno del máximo tribunal del país.

Esta es la primera ocasión en que, como resultado de una investigación, un ministro de la Corte propone responsabilizar de violaciones graves a un secretario de Estado y a funcionarios de primer nivel del gobierno federal.

Conforme a un acuerdo previo del Pleno del alto tribunal se espera que en las próximas horas la Corte anuncie que suspenderá las sesiones de la próxima semana para dedicarse al estudio del dictamen elaborado por Zaldívar.

La intención es que todos los ministros forjen su propio criterio sobre el tema, para que inicien la discusión y resolución de este caso a partir del lunes 14 de junio.

De entrada el Pleno tiene que determinar si la investigación que se realizó fue suficiente o si se considera que debe ampliarse. Posteriormente, una vez definido este punto, tendrá que pasar a determinar las causas del incendio, la condición en que se encuentran el resto de las guarderías subrogadas del IMSS en todo el país, la legalidad de estos contratos, y, al final, si se registraron violaciones graves de garantías y quiénes son los responsables de las mismas.

La Corte, conforme al artículo 97 de la Constitución, no tiene atribuciones para sancionar a los funcionarios que encuentre responsables de las violaciones.

Al Congreso de la Unión, al presidente de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública, así como a las autoridades estatales y municipales de Sonora, es a quienes les compete promover cualquier tipo de sanción penal, política, civil o administrativa.

Antes de que el ministro Zaldívar presentara su dictamen, de última hora, ayer, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, acudieron a su oficina para tratar de deslindar de responsabilidades al gobierno federal. Pero no tuvieron éxito.