El aspirante al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, detenido el martes por su presunta implicación con el narcotráfico, perderá sus derechos político-electorales en forma automática a partir del sábado, "día en el que el juez de la causa deberá dictarle auto de formal prisión", consideró Francisco Burgoa, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):

"La suspensión de estos derechos, en específico el derecho al voto activo y pasivo, se da ipso facto cuando el juez dicta auto de formal prisión, esta medida -de carácter provisional- no contradice el principio de presunción de inocencia consagrado en el Artículo 20 de la Constitución", detalló en entrevista el especialista en derecho constitucional.

En el caso de ‘Greg', la interrupción de su derecho a votar y ser votado sólo es temporal, pero si más adelante es sentenciado, "siempre y cuando se logren probar todos y cada uno los delitos", la suspensión de sus derechos políticos será definitiva mientras esté purgando una condena.

"No importa si el delito es grave o no, la interpretación sistemática Constitución del país está por encima de esas normas", explicó.

No obstante, si el juez decide no emitir el auto de formal prisión, debido a que no hay elementos sólidos en la acusación de la PGR, Gregorio Sánchez podría continuar "sin ningún problema" sus actividades proselitistas.

Burgoa, especialista en derecho constitucional, agregó que "aún en el supuesto no concedido de que Gregorio Sánchez pudiera salir libre", mientras el proceso jurídico continúe o no se concluya la condena, el político "no puede ser votado, según lo establece nuestra carta magna".

Sobre el futuro de la "Mega alianza todos por Quintana Roo", integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, Francisco Burgoa detalló que el colectivo tiene la oportunidad de registrar -mediante la figura de sustitución- a otro candidato.

"Si el juez le dicta el auto de formal prisión a Gregorio Sánchez, los órganos directivos de la coalición deben sesionar para proponer un sustituto, es una opción válida y legal, siempre y cuando sea una decisión de los partidos", misma que debe ser comunicada formalmente al Instituto Electoral de Quintana Roo, dijo.

El problema en este caso es que "se está judicializando la política y politizando la justicia, sería muy inocente de nuestra parte pensar que efectivamente no hay tintes políticos en esta detención", opinó.

Preguntado sobre si el proceso contra ‘Greg' puede sostenerse con acusaciones de testigos protegidos, Francisco Burgoa considera que éstos no son suficientes. "En el caso de Michoacán la Procuraduría General de la República no pudo acreditar la responsabilidad plena de los acusados, la única forma de darle credibilidad a la detención de ‘Greg' es que, conforme a la ley, se demuestre en el juicio que efectivamente es responsable".