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Corte ordena a Chihuahua hacerse cargo de penal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación pide al gobernador José Reyes Baeza que se haga cargo del Centro Penitenciario de Readaptación Social ubicado en Nuevo Casas Grandes
Ciudad de México | Miércoles 19 de mayo de 2010 Carlos Avilés Allende | El Universal16:19
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, que se haga cargo del Centro Penitenciario de Readaptación Social (Cereso), ubicado en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

La decisión la adoptaron los ministros de la Primera Sala del alto tribunal al favorecer al municipio en un juicio de controversia constitucional que promovió contra el gobernador, para que se le quitara el control de dicho penal.

La Corte le fijó a Reyes Baeza un plazo de 90 días, a partir de que sea notificado, para que "se haga cargo de la organización, supervisión, sostenimiento, administración y financiamiento" de esta prisión.

Mediante un comunicado de prensa, el máximo tribunal del país informó que esta resolución la adoptó porque "el Poder Ejecutivo local no se hizo cargo del sostenimiento del Cereso, violando, con ello, el artículo 115 de la Carta Magna".

Esta omisión, concluyeron, se traduce en un incumplimiento del mandato constitucional sobre la manera en que se debe prestar el servicio público de seguridad pública por el estado.

Además de que, agregaron, "no corresponde al municipio actor organizar, supervisar, sostener, administrar y financiar el centro penitenciario, pues no es una atribución que constitucional o legalmente sea de su competencia".

La Corte determinó que los apartados que comprende la seguridad pública, no se encuentra la administración de centros penitenciarios a cargo de los municipios.

Los ministros subrayaron que, si bien la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, lo cierto es que ésta no comprende la administración y organización de centros penitenciarios, actividad que se contempla en el sistema penitenciario, el cual está regulado en el artículo 18 constitucional.

 

 



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