El alcalde de San Luis, Arizona, Juan Carlos Escamilla, declaró que hasta el momento ocho municipios de ese estado han decidido demandar al gobierno arizonense por la aprobación de la Ley SB1070.

Durante una visita a esta frontera, el munícipe puntualizó que la controversia judicial pretende que la mencionada legislación no llegue a aplicarse en la vecina entidad.

En el caso de esa frontera arizonense, manifestó que el miércoles pasado los regidores del Cabildo votaron por unanimidad a favor de entablar la demanda judicial.

Explicó que de acuerdo con el abogado del ayuntamiento arizonense de San Luis, Glenn Gimbut, esa normatividad contra los migrantes contiene varios aspectos contradictorios y riesgosos para los municipios.

Para el jurisconsulto municipal, la parte más controversial de la Ley SB1070 es donde ordena a las policías del estado y locales aplicar leyes federales de inmigración, puntualizó.

'Cualquier persona que piense que el ayuntamiento o el Departamento de Policía no están cumpliendo ese mandato, puede entablar una demanda en contra de ellos', planteó.

Aparte del cabildo de San Luis, Arizona, también los ayuntamientos de las ciudades de Flagstaff, Tolleson y Somerton, entre otros, decidieron ser parte de esta demanda contra el estado de Arizona, afirmó.

Indicó que Arizona ya tiene tres demandas en su contra por la Ley SB1070, dos de parte de oficiales de policía de Tucson y Phoenix, y una de un grupo de Iglesias.

Escamilla dijo que promueven que más cabildos de las 55 ciudades existentes en Arizona se sumen a la demanda, pues así podrán compartir gastos judiciales, que son considerables.

Adelantó que la legislación entraría en vigor en julio próximo, cuando los policías locales tendrán que detener a cualquier sospechoso de ser indocumentado y encarcelarlo por el crimen.

sma