La estricta ley de Arizona para contrarrestar la inmigración ilegal ha producido divisiones en la policía de Estados Unidos, generando enfrentamientos entre agentes con sus superiores y suscitado temores de que frustre los esfuerzos por combatir la delincuencia en las comunidades hispanas.

Dos policías impugnaron la ley en un tribunal, mientras que sindicatos de agentes que cabildearon por la normativa la defienden de aquéllos que la critican dentro de la fuerza.

Ambas partes debaten cómo puede aplicarse una ley como la de Arizona sin que se incurra en actos de racismo, en los que se detiene a una persona por su aspecto físico, ni se provoque un distanciamiento con residentes en vecindarios hispanos, en los que la policía lleva años intentando forjar una relación de confianza con la comunidad.

''Antes de que la ley fuera decretada, los ciudadanos me saludaban a distancia con la mano'', dijo David Salgado, un policía en Phoenix desde hace 19 años que demandó a la ciudad y a la gobernadora Jan Brewer en un intento por obstruir la aplicación de la ley. ''Ahora (los residentes hispanos) no quieren mirarme a los ojos''.

Sin embargo, los sindicatos de policía afirmaron que muchos de sus agremiados en Arizona están cansados de sentirse impotentes frente a personas a las que consideran indocumentadas. Esos agentes desean tener una herramienta legal para poder arrestarlas. Arizona registra el mayor movimiento y tráfico de indocumentados en Estados Unidos.

''El delito no lo determina el color de la piel, sino la conducta'', señaló Mark Spencer, presidente de la Asociación de Phoenix para la Aplicación de las Leyes, el sindicato que representa a los agentes de la capital de Arizona y que apoyó con firmeza la legislación contra la inmigración ilegal.

La ley estipula que cuando la policía interviene en algún asunto, verifique la condición migratoria de una persona si es que existe sospecha ''razonable'' de que se encuentra indocumentada en Estados Unidos.

Diversos jefes policiales y alguaciles de Arizona coinciden en señalar que serán inevitables las detenciones de personas simplemente por su aspecto racial, por mucho que se esfuercen los agentes por impedir que ello suceda.

La ley contra la inmigración ilegal siendo una distracción que afectará la lucha contra la delincuencia en ciudades y poblados, concidieron.

''Cuando se sanciona una ley de este tipo, que apunta a un sector en particular de la población, es muy difícil evitar que no haya arrestos por el mero aspecto físico'', dijo el jefe de la policía de Phoenix, Jack Harris, un crítico de la ley.

El lunes, jefes policiales de los estados de Maryland y Nevada condenaron la legislación, y afirmaron que podría consumir recursos vitales y destruir la delicada relación que existe con las comunidades de inmigrantes si es aplicada en sus propios estados. Existen al menos otros nueve estados que consideran aprobar una legislación similar.

El jefe de la policía del Montgomery County de Maryland, un suburbio de Washington, Thomas Manger, dijo que no tiene los recursos ni la voluntad de hacer cumplir las normas del servicio de inmigración por parte de gente que no le hace daño alguno a la comunidad.

''Si no cometen un delito, realmente no sé cómo es que se promueve el bienestar público eliminando a esta gente'', manifestó.

Manger mantuvo una conferencia telefónica con el sheriff del Washoe County, de Nevada, y el ex jefe de la policía de Sacramento, California, organizada por la Law Enforcement Engagement Initiative, que promueve una reforma a las leyes de inmigración.

Sus críticas se suman a las de numerosos sectores que condenaron la ley aprobada el 23 de abril. Se han promovido boicots y algunos gobiernos estatales y municipales han dicho que dejarán de mantener relaciones con Arizona en protesta por la medida.

Se han radicado numerosas demandas para tratar de impedir que entre en vigor la ley, lo que debería suceder el 29 de julio si ninguno de esos procesos prospera.

La ley estipula que estar en el país ilegalmente constituye un delito grave y los residentes podrían demandar a cualquier dependencia o funcionario que estimen no hace cumplir esa norma.

El agente de la policía de Tucson Martín Escobar radicó una demanda en la que sostiene que el único criterio que le permita sospechar que una persona está en el país ilegalmente es su raza.
Según numerosos sectores, el color de la piel, el acento y la vestimenta son los únicos elementos que pueden ayudar a hacer cumplir esta ley.

Esos sectores temen que los hispanos que han sido víctimas de delitos tengan miedo de acudir a la policía y que testigos hispanos de un crimen se nieguen a cooperar con las autoridades.

Los promotores de la ley afirman que hay numerosos elementos, además de la raza, que permiten suponer que alguien está en el país ilegalmente, como la falta de identificación y declaraciones contradictorias. Aseguran que la policía tiene amplia experiencia y puede hacer cumplir las leyes sin necesidad de tomar en cuenta el aspecto físico de una persona.

El sheriff del Pinal County Paul Babeu afirma que si un agente está facultado para detener e incluso matar a alguien, es de suponer que está en condiciones de hacer cumplir las leyes sin incurrir en actos de racismo.

''Ningún jefe policial de Arizona tolerará categorizaciones basadas en la raza o la nacionalidad. Eso es inaceptable'', expresó Babeu.

La gobernadora Jan Brewer dio instrucciones claras de que no se incurra en categorizaciones raciales.

Ello, no obstante, resultará difícil, según Jack McDevitt, decano adjunto de la Northeastern University, especializado en estudios de asuntos raciales.

''Los cursos de capacitación no modificarán las actitudes de todos los agentes'', sostuvo. ''Lamentablemente, tomarán el atajo típico y se fijarán en el aspecto físico de una persona, en su acento y en el auto que conduce''.

degc