Más de 10 organizaciones estadounidenses de derechos civiles, sindicales y pro inmigrantes anunciaron el lunes haber interpuesto una demanda ante un tribunal de Phoenix, para objetar por anticonstitucional la ley que criminaliza la inmigración ilegal en el estado de Arizona.

La demanda, interpuesta ante la corte federal del distrito de Arizona contra todos los fiscales de condado y alguaciles de condado en Arizona, sostiene que la ley estatal viola varios derechos fundamentales resguardados en la carta magna estadounidense, tales como la libertad de expresión, la garantía de igual protección de la ley a todos los ciudadanos y la libertad a no ser sometido a requisas irrazonables.

Lucas Guttentag, director del departamento de derechos de inmigrantes de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dijo a reporteros que ''esta demanda va contra cualquier aspecto de la ley, y busca evitar que entre en vigencia. Esta es la ley estatal más extrema y peligrosa de todas las leyes estatales recientes que tratan sobre inmigración''.

''La ley es vergonzosa, antiestadounidense, perjudicará la seguridad pública y es anticonstitucional. Creará discriminación y hostilidad según el color, el acento y la apariencia'', agregó.

La ley de inmigración, que entrará en vigencia el 28 de julio, convierte en un delito estatal la permanencia ilegal en el país y permite a la policía preguntar a las personas sobre su condición migratoria si tiene ''sospecha razonable'' de que se encuentran de manera ilegal en el país.

Nina Perales, consejera del suroeste estadounidense para el Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicano-Americano (Maldef por sus siglas en inglés), indicó que la ley estatal coloca a la policía ''en una posición imposible, porque el agente no puede tener una sospecha razonable sobre el estatus migratorio solo viendo a esa persona. Así que la policía será forzada a fijarse en algunas personas para investigarlas, basándose en el color de la piel y el idioma que hablan''.

Benjamin Todd Jealous, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Raza Negra (NAACP por sus siglas en inglés), dijo en un comunicado de prensa que ese organismo se unió a la demanda ''porque la ley de Arizona contradice los valores estadounidenses de justicia y equidad. Los afroamericanos conocemos demasiado bien las consecuencias insidiosas de la categorización racial''.

Entre las 14 organizaciones demandantes, también destaca el Centro Nacional de Ley Migratoria (Nilc por sus siglas en inglés) y 10 personas naturales.

El presidente estadounidense Barack Obama y gobiernos extranjeros han condenado la ley, que ha llevado a diferentes organismos a cancelar eventos previstos en Arizona, con la intención de imponer un boicot económico que desencadene la eliminación de la ley.

sma