El subsecretario para América del Norte, embajador Julián Ventura, y el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, realizaron una visita de trabajo a Phoenix, Arizona, el 2 y 3 de mayo para coordinar los esfuerzos del gobierno mexicano ante la promulgación de la Ley SB 1070 en ese estado, informó la Cancillería.

Los funcionarios se reunieron con los cinco cónsules de México en Arizona, con abogados y organizaciones estadounidenses que han emprendido o emprenderán acciones legales en contra  de la Ley SB 1070 y con actores políticos, académicos, empresarios, líderes religiosos y comunitarios y activistas hispanos.

La reunión con la red consular mexicana tuvo como objetivo revisar y fortalecer el plan de acción de protección y asistencia consular que los cónsules de México en Douglas, Nogales, Phoenix, Tucson y Yuma están instrumentando a favor de los mexicanos en Arizona, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

“Ante la profunda preocupación que se advierte en la comunidad mexicana y la gran incertidumbre que hay en torno a los alcances que podría tener la ley SB 1070, los cinco cónsules intensificarán, en seguimiento a las instrucciones del Presidente Felipe Calderón, las labores de difusión a nuestros connacionales”, precisó.

El objetivo de estas acciones es “brindar oportunamente toda la información y asesoría jurídica necesarias sobre el impacto de la referida ley y sus derechos”, precisó la dependencia.

Los funcionarios anunciaron a los cónsules que la Cancillería ha transferido recursos adicionales a las partidas de protección, con los que se duplicaron este mes las asignaciones a la red consular en ese estado, para fortalecer el apoyo jurídico que se brinda a los mexicanos en Arizona.

“Se determinó, igualmente, la ampliación de la plantilla de personal de nuestras representaciones consulares en Arizona y el fortalecimiento de los consulados móviles en ese estado, que permitan atender a nuestros compatriotas en las localidades más remotas en esa entidad”.

También se revisaron los esquemas de atención al público, tanto los presenciales como los de atención telefónica, “para asegurar que éstos faciliten aún más el acceso de la comunidad mexicana a los servicios consulares además de que se instrumentará un esquema de protección a comunidades como parte de los consulados móviles”, precisó la SRE.

Anticipó que “dada la constante evolución de los acontecimientos en Arizona, se realizará un monitoreo permanente para asegurar que las representaciones mexicanas cuenten con los recursos necesarios para cumplir con las labores encomendadas”.

Por lo que se refiere a las acciones legales entabladas en Estados Unidos contra la ley SB 1070, los Embajadores Ventura y Sarukhán reiteraron a todos sus interlocutores “el respeto del Gobierno de México a las decisiones soberanas, tanto del gobierno federal estadounidense como de sus propios estados”.

Al mismo tiempo, “ratificaron la preocupación de que esta ley violente los derechos humanos inalienables protegidos por disposiciones jurídicas internacionales y los mismos que la Constitución estadounidense consagra”, ya que “abre la puerta a criterios de discriminación racial en la aplicación de la ley y criminaliza el fenómeno migratorio”.

Ambos diplomáticos constataron que las acciones de repudio y movilización política en Estados Unidos, así como el rechazo y la respuesta del Gobierno de México a la firma de la ley SB 1070, han empezado a producir resultados, al buscar que la Asamblea estatal corrija algunas de las disposiciones de dicha ley a través de una enmienda legislativa posterior, la HB 2162.

A partir del intercambio con abogados estadounidenses, los funcionarios ratificaron que el Gobierno de México solicitará a las Cortes donde se presenten demandas contra la ley SB 1070, que le otorguen la calidad de “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae), una figura que permite dotar de información al juez de la causa para enriquecer su criterio.

Durante la reunión que sostuvieron con líderes y activistas hispanos, los funcionarios “confirmaron la determinación del Gobierno de México de responder de manera inmediata para defender todo caso de violación a los derechos humanos o civiles de los nacionales mexicanos que se encuentren en Arizona, independientemente de su calidad migratoria”.

“Al ser ésta una causa de gran interés público para México, para sus nacionales y la defensa de los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos”, la Cancillería anunció que trabajará intensamente para coadyuvar en este esfuerzo.

eca