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CNDH expresa preocupación por ley Arizona

Exhorta a las autoridades de Estados Unidos a buscar los mecanismos adecuados para modificar la ley recientemente aprobada
Ciudad de México | Miércoles 28 de abril de 2010 Miguel Ángel Sosa | El Universal15:39
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la nueva ley de inmigración que se aprobó en Arizona, Estados Unidos, ante el alto riesgo de discriminación racial en la implementación de la legislación.

Exhortó a las autoridades de Estados Unidos a buscar los mecanismos adecuados para modificar la ley recientemente aprobada en Arizona "a fin de adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los y las migrantes".

A través de un comunicado, el organismo se expresó en contra de la criminalización de la presencia de indocumentados, por lo que recordó que las normas internacionales establecen que la detención debe aplicarse sólo de manera excepcional y luego de haber analizado, en cada caso, su necesidad y proporcionalidad.

Explicó que la CIDH indicó en julio de 2008 en una resolución sobre la "Directiva de Retorno" adoptada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de ese año, que los Estados deben evitar la prolongación excesiva de la detención en todos los casos, y deben asegurar que sea lo más breve posible. Asimismo, la detención debe ser ordenada por la autoridad competente, que por regla general debe ser un juez.

Dijo que la ley, que fue firmada el 23 de abril pasado y entraría en vigor en tres meses, exige que la policía de Arizona pregunte sobre la situación migratoria de cualquier persona sobre la cual tenga "sospecha razonable" de que no está autorizada a estar legalmente en Estados Unidos.

Además, dijo, establece que la presencia de un inmigrante indocumentado en Arizona configura un delito criminal y que la persona será además culpable de "traspaso", delito que lleva una pena de hasta seis meses de prisión y el pago de una multa más los costos de haber estado en prisión.

Detalló que el derecho internacional reconoce que los países pueden establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio.

Agregó que de igual forma establece que las acciones en este sentido deben realizarse dentro del pleno respeto a los derechos de las personas afectadas, y que la observancia de principios fundamentales como la no discriminación y los derechos a la libertad e integridad personal no pueden subordinarse a la implementación de los objetivos de las políticas públicas.

La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA

 

 



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