La gobernadora de Arizona Jan Brewer tiene un día más para decidir qué hará con el proyecto de ley más estricto de la nación contra la inmigración ilegal.

La medida penalizaría según la ley estatal estar ilegalmente en el país. También requiere que la policía interrogue a determinadas personas sobre su situación inmigratoria si hay motivos para sospechar que son indocumentados.

El plazo del sábado para la gobernadora republicana fue establecido el lunes cuando el proyecto de ley llegó a su despacho. Ella puede firmarlo, vetarlo o permitir que se convierta en ley sin su firma.

Los defensores de los derechos humanos dicen que la ley conduciría a la individuación racial y disuadiría a los hispanos a denunciar delitos. Cientos de hispanos protestaron el jueves frente al Capitolio estatal.

El patrocinador del proyecto, el senador republicano Russell Pearce, dijo que liberaría a los policías de las trabas políticas y ayudaría a desalojar del estado a los indocumentados.

Arizona tiene unos 460 mil  inmigrantes ilegales y es el cruce fronterizo más activo de la nación.
Otras disposiciones del proyecto permitirían demandas contra agencias gubernamentales que obstaculicen la aplicación de las leyes de inmigración, y haría ilegal contratar indocumentados como jornaleros o transportarlos a sabiendas.

De promulgarse, la ley entraría en vigencia 90 días después que concluya la actual sesión legislativa.

Brewer enfrenta una disputada elección primaria republicana el 24 de agosto y uno de sus adversarios, el tesorero estatal Dean Martin, le ha exhortado a firmar el proyecto.

degc