El Sistema de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con el IMSS y la PGR, realizó un operativo de fiscalización simultánea al despacho Álvarez Puga y Asociados en siete de las 45 ciudades del país donde la firma de abogados tiene presencia.

Después de investigaciones realizadas y diversas denuncias presentadas, el SAT detectó que Álvarez Puga y Asociados asesora a sus clientes para que incurran, entre otras cosas, en conductas de evasión fiscal mediante los esquemas de suministro de personal (outsourcing) utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles.

De acuerdo con funcionarios de la dependencia, estos esquemas "abusivos" de sustitución laboral consisten en transferir a los trabajadores de las empresas a sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras e integradas, para eludir el pago de reparto de utilidades, impuestos federales y locales, así como contribuciones de seguridad social.

Estas sociedades registran como socios cooperativistas o industriales (realmente empleados) al personal que se les transfiere de las empresas, de tal modo que reciben remuneraciones bajo el concepto de previsión social, alimentos, bonos u otros conceptos similares; en lugar de salarios omitiendo la retención y entero del Impuesto sobre la Renta correspondiente.

 Los trabajadores, al ser integrados a estos esquemas pierden el acceso a servicios de salud, pensiones de cesantía y vejez, guardería para sus hijos y crédito para una vivienda digna.

Álvarez Puga y Asociados venía aconsejando a sus clientes a seguir este esquema, por la cual el SAT decidió ejecutar una orden de auditoría en siete distintas ciudades del país: Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas; Chihuahua, Chihuahua; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla; Cancún, Quintana Roo; Mérida, Yucatán; y, el Distrito Federal, sus oficinas ubicadas en Avenida Santa Fe 443 en la Torre Impulso.

La investigación permitirá detectar cuántos y cuáles son los clientes del bufete que utilizan este esquema de contratación de personal, para tomar las acciones pertinentes.

Los probables responsables de incurrir en este tipo de conductas, una vez que se hagan las investigaciones pertinentes y se presente la querella correspondiente, "podrían llegar a ser sujetos de acciones penales en su contra", explicaron las fuentes del SAT consultadas.

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