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IFAI advierte capacidad de agresión del SME

El Instituto Federal de Acceso a la Información y la Presidencia se negaron a difundir encuestas realizadas por el gobierno en torno a la extinción de Luz y Fuerza del Centro; argumentan posibles agresiones

¿PELIGROSOS? La difusión de las encuestas y estudios de opinión relativos a esta decisión presidencial “aumentaría el riesgo de la materialización de acciones o de agresiones", dicen. (Foto: Archivo ELUNIVERSAL )

CIUDAD DE MÉXICO | Viernes 16 de abril de 2010 Jorge Ramos | El Universal08:39
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El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y la Presidencia de la República coincidieron en negar la difusión de las encuestas realizadas por el gobierno para que el presidente Felipe Calderón extinguiera la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), porque las acciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) podrían paralizar u obstaculizar la toma de decisiones, según advierte el Instituto.

Dar a conocer las encuestas hechas para la Presidencia de la República en torno al proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro llevaría a los ex trabajadores a materializar "agresiones", dado que ya ha habido sabotajes, amenazas y atentados, precisa el IFAI.

A una solicitud a la Presidencia de la República para que proporcionara las encuestas que sirvieron de sustento para tomar la decisión de extinguir dicha compañía ésta se escudó en la Ley de Transparencia para evitar su divulgación, porque el proceso de extinción aún no concluye, y la declaró información reservada por dos años.

Al impugnar la decisión de la Presidencia de la República ante el IFAI, el Instituto sustentó con notas de periódicos, principalmente, la confirmación de la postura adoptada por la Presidencia de México el año pasado.

"Dadas las circunstancias que han tenido lugar tras la liquidación de LyFC, la provisión de energía eléctrica en las áreas geográficas de las que el extinto organismo se hacía cargo, ha enfrentado problemas de sabotaje, así como amenazas y atentados en contra del personal que lleva a cabo tales actividades y se advierte que se sigue en el intento de revertir el decreto mediante el cual se determinó la extinción del organismo", explicó el IFAI en marzo pasado.

La difusión de las encuestas y estudios de opinión relativos a esta decisión presidencial "aumentaría el riesgo de la materialización de acciones o de agresiones por parte de los afectados potenciales de la resolución final, de tal manera que podrían obstaculizar o paralizar la capacidad de adoptar dichas determinaciones estratégicas a implementar".

ESCONDEN ENCUESTAS

En octubre de 2009 la Presidencia de la República decidió "esconder" por un periodo de dos años las encuestas que realizó con relación a la extinción de la compañía LyFC, decisión que aplicó el presidente Felipe Calderón el 11 de octubre del mismo año.

Al reservar por dos años todos los estudios demoscópicos, encuestas, sondeos o consultas a grupos de enfoque, la Presidencia de la República precisó que "(al 11 de noviembre, fecha en que clasificó la información) aún no se toma la decisión definitiva en cuanto al contenido y resultados de los estudios de opinión que se solicitan, por lo que aún no se resuelve el proceso de manera concluyente".

GASTO EN ENCUESTAS

La Presidencia de la República destinó 97.5 millones de pesos para pulsar la opinión de los ciudadanos en lo que resta del sexenio.

La información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia no ofrece más detalles, aunque existen antecedentes en los que la Presidencia de la República ha buscado saber qué piensa la gente sobre decisiones de gobierno, como la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, datos que reservó por un lapso de dos años, tal como ha ocurrido en años anteriores sobre otros temas.

La casa presidencial cuenta para la Coordinación de Opinión Pública, que encabeza Rafael Giménez, un experto en encuestas, un presupuesto para este año de 73.9 millones de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponible en Internet.

La fecha de inicio de los contratos es en enero de 2010 y concluyen en noviembre de 2012, justo al término de la gestión del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

cg



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