El Gabinete de Seguridad Nacional señaló en su informe entregado a los senadores que es una responsabilidad impostergable dotar de certidumbre jurídica y política a la actuación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México.

El texto de 13 cuartillas entregado la víspera en la reunión del Gabinete con legisladores, advirtió por ello que posponer la Ley de Seguridad Nacional sólo someterá a la institución militar a un desgaste innecesario y no recíproco al sacrificio que hoy empeña.

Indicó que la iniciativa presentada en abril de 2009 aclara y 'precisa todos los recursos del Estado mexicano, incluidas las Fuerzas Armadas, para atender situaciones que puedan representar una afectación a la seguridad interior'.

En el documento se rechazó categóricamente que la estrategia contra la delincuencia y el crimen organizado esté encaminada a militarizar la seguridad pública del país y señala que la tentación de negociar o pactar con criminales es improcesable 'por no ser lo correcto'.

'Sería una solución quimérica que siempre termina en mayores costos, en más violencia y en más dolor, además tampoco es una salida viable para una sociedad con vocación de libertad y justicia que busca consolidar un auténtico Estado de derecho', abundó.

En el texto se estableció que la decisión del gobierno federal de confrontar a la delincuencia organizada responde a que ésta 'no sólo ampliaba su espacio de operación, sino también diversificaba sus actividades hacia la piratería, la extorsión, el secuestro y la trata de personas'.

'La decisión se tomó porque un Estado no puede ofrecer futuro a sus generaciones si no garantiza el ejercicio de sus derechos y libertades… porque el costo para el país de posponer una acción decidida por las autoridades contra la delincuencia organizada habría sido muy alto', destacó.

Es su informe el Gabinete de Seguridad reiteró que posponer una acción decidida contra de la delincuencia organizada hubiera tenido un enorme costo para el país; 'el problema no podía soslayarse, ni eludirse por más tiempo'.

Más aún establece que el retiro de las fuerzas armadas será gradual, ya que su participación en la lucha contra este flagelo es temporal y subsidiaria, además de que responde a las solicitudes específica de las autoridades locales en Chihuahua, Michoacán, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

Al abordar los 'golpes' al narcotráfico, reveló que el compromiso del gobierno es combatir a todos los delincuentes, independientemente de la organización a la que pertenezcan o de la actividad ilícita que realicen.

Llamó a ser cautelosos y no olvidar que la propia racionalidad del crimen organizado es que está divido y confrontado, por lo que denunciar presuntos favoritismos por las autoridades no deja de ser mas que una estrategia publicitaria para ganar ventaja sobre el rival.

De tal suerte, el Gabinete de Seguridad destacó que durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa todos los cárteles han sufrido golpes, y el de Sinaloa no es la excepción.

Ello debido a que desde mayo de 2008, a petición de las autoridades locales, se desplegaron en Sinaloa fuerzas federales en el marco del Operativo Conjunto Culiacán-Navolato.

Entre los golpes al cártel de Sinaloa destacan las detenciones de importantes operadores financieros y de funcionarios públicos coludidos, así como la extradición de siete de sus líderes.

De los más de 70 mil detenidos durante la actual administración por delitos contra la salud, 24 por ciento están vinculados con el cártel de Sinaloa, que la convierte en la segunda organización con mayor número de arrestos, sólo aventajada por la que integra el cártel del Golfo y los llamados 'Zetas'.

El documento resaltó además que la decisión de dar una solución integral al problema de inseguridad, de depurar y renovar las instancias encargadas de seguridad fue tomada desde al convicción de que el fortalecimiento institucional es imprescindible para el desarrollo nacional.

Sobre todo, para el papel fundamental del Estado: proveer seguridad para garantizar el bienestar ciudadano.

Sobre el caso de las detenciones de servidores públicos en Michoacán, explicó que tuvieron su origen en una averiguación previa en la cual el órgano jurisdiccional otorgó una orden de cateo solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación.

Insistió en que el auto de libertad otorgado a algunos funcionarios 'no implica una exoneración, puesto que se decretó con las reservas de ley'.

Por lo tanto, con base en el Artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, 'la autoridad ministerial está facultada para perfeccionar su investigación y, en caso de considerarse necesario, volver a ejercer acción penal'.

Al abordar el caso de Rosendo Radilla y el papel del fuero militar tras el fallo definitivo e inapelable que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , resalta el convencimiento del Estado mexicano 'de que los tribunales militares se caracterizan por su celeridad, eficiencia y severidad'.

Lo anterior tras el debate surgido en torno a qué autoridad, si la civil o la militar, deba procesar a los elementos militares que en el desempeño de sus funciones incurran en delitos contra la disciplina militar cuando estén involucrados civiles.

En el ámbito judicial mencionó que la reforma aprobada por el Congreso en junio de 2008 que sentó las bases para avanzar hacia un sistema penal acusatorio y que hasta ahora opera total o parcialmente en los estados de México, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Durango y Nuevo León.

En Baja California, Distrito Federal e Hidalgo, en tanto, ya hay fecha para iniciar su aplicación y en Aguascalientes, Baja California Sur, Tabasco, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Yucatán se prevé concretarla a más tardar en 2011.

En términos del fortalecimiento de la Policía Federal, el informe resaltó que el número de elementos se ha triplicado durante lo que va del sexenio al pasar de casi 13 mil elementos en 2006 a 32 mil en 2009.

También se ha logrado coordinar esfuerzos en el marco de la Plataforma México, al grado de que las 32 entidades federativas y los 150 municipios de mayor incidencia criminal en el país ya están interconectados a una red de telecomunicaciones para mejorar su coordinación.