Más de 200 organizaciones sindicales y campesinas, integradas a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), acordaron cerrar filas en torno a los mineros de Cananea, Sonora, y conformar "un cinturón de paz" para evitar "un derramamiento de sangre" ante un posible enfrentamiento entre trabajadores y elementos de la fuerza pública.

Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, quien hizo la propuesta del "cinturón de paz", dijo durante una reunión de la UNT que se debe actuar más enérgicamente con el gobierno federal, pues así como les ha sucedido a los mineros y electricistas ocurrirá con otros sindicatos.

En lo anterior coincidieron el dirigente de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, así como Antonio Navarrete, secretario de Difusión de la sección 65 del Sindicato de Mineros en Cananea, y Salomé Herber, secretario de Conflictos de esa organización.

Los dirigentes establecieron conformar una estrategia de unidad en defensa de los derechos laborales y en contra de la resolución de un Juzgado de Distrito que ratifica la conclusión de las relaciones laborales entre el citado gremio y Minera México.

Al respecto, durante la reunión de la UNT se acordó, entre otras cosas, promover que se retire la concesión de la mina de Cananea al grupo México, realizar gestiones con la Secretaría de Gobernación y el Ejecutivo de Sonora, para evitar un conflicto de mayor nivel en el citado lugar.

Además se estableció conformar el referido "cinturón de paz", realizar una plenaria nacional de la UNT, el próximo viernes en Cananea, y quemar simbólicamente la resolución del Juzgado en torno a la conclusión de la mencionada relación laboral.

También poner en vías públicas mantas y pancartas alusivas a la actual situación en Cananea, así como desplegados en periódicos nacionales.

Insistió en fortalecer la unidad para defender, no sólo a los mineros, sino también a todos los trabajadores del país, como el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, antes lo que consideraron una política gubernamental que pretende "pulverizar" las garantías de los asalariados en México.

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