El gobierno de México reiteró que el caso de la francesa Florence Cassez está concluido, y con base en las pruebas y evidencias presentadas es culpable de los delitos graves que se le imputan, por lo que es primordial que cumpla con la totalidad de la sentencia que se le impuso (60 años de cárcel), por lo que no será entregada a las autoridades de su país.

La embajada de México en Francia difundió este jueves en ese país un comunicado en el que fijó una vez más la posición del gobierno mexicano en este caso, en respuesta a recientes declaraciones emitidas por Cassez en medios de comunicación franceses, donde insiste sobre su inocencia de los tres secuestros que se le imputan como integrante de la banda "Los Zodiacos" y de presuntas irregularidades en el proceso penal al que fue sometida.

En su comunicado la embajada mexicana reitera que Cassez "fue detenida, juzgada conforme a derecho y condenada en primera y segunda instancia por delitos particularmente graves: privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro; delincuencia organizada; portación y posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas".

La sede diplomática dejó en claro que la inculpada ha hecho uso de todos los medios de defensa que la legislación mexicana prevé "en pleno uso de esos derechos, ha apelado las diferentes sentencias y acuerdos ante los tribunales que, con base en las pruebas y evidencias presentadas, han determinado su culpabilidad. Siempre ha estado representada por sus abogados de confianza, además de contar con la asistencia consular de la Embajada de Francia en México".

Se indica que en el marco de la Comisión Binacional México-Francia para examinar la posible aplicación del Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas (Convenio de Estrasburgo) que fue creada en marzo de 2009, "para el gobierno de México, el tema fue concluido después del minucioso examen que se realizó a lo largo de más de tres meses por los juristas de la Comisión Binacional".

El 22 de junio del año pasado el presidente Felipe Calderón Hinojosa, anunció que el gobierno llegó a la conclusión de que no existen las condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de Cassez a Francia.

La decisión se basó en el hecho de que "existen diferencias sustantivas entre los sistemas jurídicos mexicano y francés que impiden que Florence Cassez cumpla en Francia plenamente la pena aplicada por la justicia mexicana", ya que existe la posibilidad de que su condena quedaría sujeta a las decisiones de las autoridades judiciales francesas en cuanto a las modalidades de su ejecución, incluida la suspensión y reducción de la misma.

Por ello, la embajada dejó en claro que "para México es condición primordial la ejecución de la totalidad de la pena ya que la ley no permite que en casos de delitos graves como el de secuestro haya beneficios pre-liberatorios y reducción de sentencias".

La sede diplomática insistió en que "el Convenio de Estrasburgo de ninguna manera impone al Estado requerido -en este caso México- consentir una solicitud de traslado".