Magistrados locales y federales, de todo el país, acudieron a la residencia oficial de Los Pinos para advertirle en privado al presidente Felipe Calderón que las principales reformas que ha impulsado en materia penal corren el riesgo de fracasar si no se destina presupuesto para que se puedan concretar.

Como representantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, los magistrados le recordaron que para la implementación de las reformas en materia de justicia para adolescentes, narcomenudeo y de juicios orales, se requiere dinero, y hasta el momento ni a nivel estatal ni a nivel federal se han destinado recursos para estos proyectos.

El magistrado, Rodolfo Campo Montejo, señaló que uno de los casos que más preocupan es el de los adolescentes, porque le dijeron al presidente, cada vez es más frecuente que los grupos del crimen organizado usen a menores de edad para cometer delitos, porque saben que tienen mayores oportunidades de quedar en libertad.

Parte de la problemática, explicó el magistrado Campo Montejo, que se vive en este rubro ha sido propiciada porque desde hace varios años el Senado no ha emitido una ley que regule el sistema de justicia para adolescentes, y ante este vacío los menores que cometen delitos federales han tenido que ser juzgados por tribunales locales.

Los representantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, integrada entre otros órganos, por todos los tribunales superiores de justicia de los estados y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reunieron esta mañana con el presidente Calderón para abordar estos y otros temas.

En conferencia de prensa, el secretario general de la Asociación, Rolando de Lassé Caña, informó que en el encuentro el presidente de la Corte, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia le entregó al titular del Ejecutivo Federal una carta que suscribieron todos los juzgados y tribunales del país en torno a los derechos y obligaciones con que cuentan los usuarios de los servicios de justicia en México.

La intención de esta carta es que quienes acuden ante los juzgados y tribunales conozcan y tengan en mente que gozan de derechos y obligaciones, para hacer más efectivo su derecho de acceso a la justicia.

En la reunión también estuvieron presentes el consejero jurídico de la presidencia, Miguel Alessio Robles; el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez; el ministro de la Corte, José Ramón Cossío, entre otros.

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