Una de las primeras consecuencias de la agresión contra el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el pasado 13 de diciembre en Milán, fue la amenaza del gobierno de censurar internet y restringir las manifestaciones públicas.

Con Berlusconi convaleciente tras ser golpeado en la cara, el ministro del Interior, Roberto Maroni, anunció el martes pasado que sometería al Consejo de Ministros medidas legislativas urgentes para "limitar la libertad de expresión" en la red y la plaza pública.

Maroni se refirió en particular a iniciativas contra redes sociales por internet, como Facebook o Twitter, donde de inmediato se formaron grupos a favor y en contra de Massimo Tartaglia, quien golpeó al jefe de gobierno con una estatua de metal y le rompió dos dientes y la nariz.

El gobierno italiano condenó el hecho de que más de 50 mil personas suscribieran en Facebook apoyo a Tartaglia o que en esa red social aparecieran consignas que llamaban a asesinar a Berlusconi.

Por lo tanto, el titular del Interior promovió la aprobación de un decreto urgente para dar a la autoridad judicial la posibilidad de intervenir inmediatamente contra los sitios acusados de instigación o apología de delitos.

Además la iniciativa contempla restricciones en las manifestaciones callejeras, como la prohibición de que en un mismo lugar se realicen actos de formaciones políticas antagónicas, o vetar que un orador pueda ser interrumpido por opositores presentes en la plaza.

Sin embargo, en la reunión del Consejo de Ministros del jueves pasado no se llegó a ningún acuerdo y se pospuso la decisión para después de navidad.

El ministro de Transportes, Altero Matteoli declaró que en el ejecutivo existe unanimidad sobre la necesidad de mayor control sobre Internet, mientras el presidente del senado, Renato Schifani, fue más allá y declaró que en la red se difunden "verdaderos himnos de instigación a la violencia".

Ello en un clima de creciente confrontación, en el que el portavoz en el senado del gubernamental Partido del Pueblo de la Libertad (PDL) , Fabrizio Cicchitto, acusó a medios y periodistas críticos y a la oposición de ser los "instigadores morales" de la agresión contra Berlusconi.

El diputado Antonio Palmieri, responsable de internet del PDL, no prevé ningún decreto contra la red, sino que se habla de "establecer un pacto de intervención con los propietarios de Facebook para remover los contenidos odiosos o que instigan al delito".

Anunció que el martes próximo el presidente del senado se reunirá con Richard Allen, responsable de las políticas europeas de Facebook, para lograr ese objetivo.

Pero Giuseppe Corasaniti, magistrado experto de derecho informático y crimen cibernético, confirmó que en los pasillos de la política y de la justicia se insiste en la necesidad de un decreto de emergencia que permita "oscurecer" los sitios considerados instigadores del odio y la violencia.

"Quienes apoyan los principios democráticos básicos, como la libertad de expresión, deben estar en un momento de máxima alerta", declaró.

Agregó que no tiene sentido que en Italia las reglas para Internet sean estudiadas sin una concertación a nivel internacional.

Para el senador del opositor Partido Democrático, Vincenzo Vita, "es equivocado, además de imposible, buscar reprimir la red con nuevas leyes", mientras su par del partido Italia de los Valores, Felice Belisario, señaló que sólo los regímenes dictatoriales consideran peligroso a Internet.

La portavoz de Facebook, Debbie Frost, explicó que cuando las opiniones aparecidas en esa red social se transforman en declaraciones de odio o amenazas, son removidas, incluso se puede cancelar la cuenta de quien las promueve.

"Pero la verdad es que la ignorancia existe dentro y fuera de Facebook y no será derrotada escondiéndola, sino enfrentándola abiertamente", apuntó.

En tanto una manifestación contra la censura por Internet fue convocada para el próximo día 23, justamente a través de la red, donde se ha lanzado el eslogan "Red libre en un Estado libre".

agvr