La ciudadana francesa sentenciada a 60 años de prisión por secuestro en México, Florence Cassez apelará la condena y de ser desfavorable el resultado no descarta llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , anunció su defensa.

Un día después de que el gobierno de México rechazara repatriarla para que cumpliera su condena en Francia, el abogado de Cassez en México, Agustín Acosta, dijo que ahora retomará la última apelación que se había abandonado, como requisito para intentar que fuera enviada a su país.

Acosta, sin embargo, dijo no tener muchas esperanzas de que la apelación contra la sentencia les sea favorable, por lo que es posible que Cassez acuda a la CIDH con la idea de que su caso sea enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno francés señaló que buscará algún medio para lograr la repatriación de Cassez, una mujer que se ha declarado inocente pese a haber sido señalada por víctimas e incluso un plagiario de haber participado en secuestros en México.

''Estamos sumamente decepcionados por la decisión tomada por las autoridades mexicanas'', dijo el portavoz de la cancillería francesa, Frederic Desagneaux.

Posteriormente, el canciller galo Bernard Kouchner señaló que ''habrá una apelación, es un asunto de Florence Cassez y su abogado, pero de cualquier forma hay esta solución''.

La francesa fue detenida en diciembre del 2005 en un rancho de la ciudad de México.

El presidente Calderón anunció el lunes que su gobierno rechazaba dar su consentimiento para que fuera repatriada, por considerar que no existen las condiciones para garantizar que cumplirá su condena.

El caso de la francesa se ha tornado en un asunto central de las relaciones bilaterales desde una visita del presidente galo Nicolás Sarkozy a México, donde promovió el envío de Cassez.

Calderón y Sarkozy acordaron crear una comisión binacional para analizar las implicaciones del llamado Convenio de Estrasburgo, un acuerdo bajo el cual Cassez pedía su traslado a su país.

EL mandatario mexicano dijo que tras realizar un análisis del convenio se concluyó que una reserva al acuerdo que hizo Francia para poder modificar o cancelar las sentencias hechas en otro país para adecuarlas a la justicia francesa, abría la posibilidad de que Cassez no pagara la condena impuesta por las autoridades judiciales de México.

El Convenio de Estrasburgo sobre el Traslado de Personas Condenadas, de 1983, señala que los países signatarios podrán solicitar el envío de una persona sentenciada a su país de origen para que cumpla ahí su pena, aunque es necesario que se ejecuten algunos supuestos, como que la condena sea definitiva.

isv