GUANAJUATO, Gto.— En apenas cinco minutos y sin que se debatiera, el Congreso estatal aprobó ayer la ley antiaborto, que protege la vida desde la concepción, con el voto de 23 de los legisladores panistas, dos diputados del PRI y uno del PT.

Los panistas fueron calificados como traidores por decenas de mujeres, que a gritos protestaron en el interior del recinto legislativo.

“¡Feminicidas!”, “¡asesinos de mujeres!”, “¡vendidos!”, repetían las manifestantes dentro del salón de sesiones en los momentos que era aprobada la reforma al artículo primero la Constitución local.

La norma implicó la adición de un segundo párrafo al artículo primero, que establece que “para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”.

La ex candidata perredista a la gubernatura y funcionaria de gobierno del DF, Martha Lucía Micher Camarena, señaló que en Guanajuato se retrocede en el ejercicio de los derechos de las mujeres consignados en la Constitución y tratados internacionales.

Ahora, se modificará el Código Penal para meter a la cárcel a las mujeres que aborten el producto de una violación. “Las mujeres, otra vez violadas, embarazadas y encarceladas, gracias al PAN”, dijo la perredista en la protesta.

Desde las 10 de la mañana representantes de seis organizaciones feministas y militantes de PRI, PVEM y PRD, se concentraron en los pasillos del Congreso con pancartas en las que consignaban el nombre y partido de cada uno de los 36 diputados locales y les reclamaban respeto a los tratados internacionales y a los derechos de las mujeres.

En pequeños grupos interceptaron a una decena de diputados para suplicarles que no votaran para “criminalizar a las mujeres”.

A la diputada del PT, Dulce María Badillo, le pidieron no apoyar el abuso. La petista respondió que votaría por su convicción”. El PT, es el partido y yo soy yo”, enfatizó la legisladora ante mujeres católicas.

Ángeles López García, presidenta del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, dijo que irán a la Suprema Corte y a la Procuraduría a estatal de los Derechos Humanos para promover una controversia constitucional.