La oposición revivió una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, derivada de contrataciones irregulares realizadas por Guillermo Valdés Castellanos, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

EL UNIVERSAL reveló en mayo del año pasado que Valdés contrató a una empresa irregular -propiedad de Laura Ballesteros- para dar seguimiento al Poder Legislativo, lo que derivó en julio en una exigencia de toda la oposición al presidente Felipe Calderón para que renunciara, lo cual fue rechazado por el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Incluso, la Auditoría Superior de la Federación también emitió observaciones a este caso, en marzo pasado, al revisar la Cuenta Pública 2007.

Aunque la reforma al artículo 31 de la Ley de Seguridad Nacional se enlistó en la Gaceta de hoy como dictamen a desechar, el senador Pablo Gómez (PRD) argumentó que el Cisen no puede seguir "orejeando" a la oposición.

Todavía el senador Felipe González (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, argumentó desde su escaño que el dictamen debía desecharse.

Pero al someterse a votación resultó que hubo 68 votos en contra de desecharlo y siete por desecharlo, entre ellos el del presidente del Senado, Gustavo Madero (PAN).

En la argumentación los senadores plantearon que el proyecto de decreto el objeto que se persigue es:

"Impedir que el trabajo de recolección de información e inteligencia pueda contratarse con particulares, dado que representa un riesgo potencial que dicha información sea utilizada  para fines aviesos o contrapuestos a  los derechos de los ciudadanos y sus libertades."

De hecho, el artículo 31 quedaría así: "No podrán celebrarse contratos con particulares, a fin de que éstos lleven a cabo, cometidos de recolección de información e inteligencia".