Un juez federal mexicano revocó la orden de expulsión dictada y cumplimentada en 2006 contra dos españolas, dos chilenos y una alemana detenidos en San Salvador Atenco en una operación policial contra vecinos de la localidad alzados contra las autoridades.

La expulsión afectó a las españolas Cristina Valls y María Sostres; a la chilena Valentina Larisa Palma y su compatriota Mario Alberto Aguirre, y la alemana Samantha Dietmar, dijeron fuentes del Juzgado Décimo del Distrito de Amparo en materia penal.

La revocación invalida el procedimiento abierto por el Instituto Nacional de Migración (INM) contra los cinco extranjeros, a quienes agentes de las policías federal y del Estado de México, arrestaron en el municipio de San Salvador Atenco.

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 comerciantes y campesinos de la localidad de San Salvador Atenco se enfrentaron armados con machetes y bombas molotov contra una dotación de policía en protesta por el desalojo de vendedores callejeros.

Con el fallo de un tribunal federal queda invalidada la prohibición de los extranjeros de regresar a México en cinco años, que en su día se les impuso.

Valls había demandado en España a las autoridades mexicanas implicadas en el caso por supuestas torturas psicológicas, físicas y sexuales sufridas durante los disturbios de San Salvador Atenco en mayo de 2006.

El pasado 5 de febrero el juez Fernando Grande-Marlaska de la Audiencia Nacional rechazó investigar la denuncia que presentó la española Valls alegando que había un proceso abierto ya en México por esos hechos.

Una semana más tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México determinó que hubo graves violaciones de los derechos humanos de cientos de personas en esa localidad, incluyendo abuso sexual, como había denunciado Valls.

No obstante, el alto tribunal deslindó la responsabilidad directa del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, así como del actual fiscal general y entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, entre otros funcionarios.

La corte señaló que sólamente quienes estuvieron al frente del operativo policial deberían ser señalados como responsables de las violaciones de los derechos humanos.

El saldo de aquel conflicto fue de dos jóvenes muertos, medio centenar de heridos, 26 denuncias por abuso sexual y unos 200 detenidos, de los cuales permanecen encarcelados 16.

cgb