Representantes del patronato Reintegración Social AC, administrador de los albergues de Casitas del Sur, insistieron en que la responsabilidad del extravío de siete menores de las casas-hogar es de la ex directora Elvira Casco Majalca de acuerdo con las declaraciones de los familiares de los niños desaparecidos; en ese sentido cuestionaron que la Procuraduría capitalina proteja a esa persona, haciendo caso omiso de las imputaciones de las familias afectadas.

Asimismo, acusaron que el procurador  Mancera ordenó la sustracción de hijos de voluntarios de esa agrupación, con pleno conocimiento de que esos niños no eran atendidos ni  pertenecían a Casitas del Sur, por lo que afirmaron que los secuestró y se negó a devolverlos a sus padres.

En una conferencia de prensa efectuada en un hotel de Paseo de la Reforma y en la que el acceso a los representantes de los medios de comunicación fue controlado estrictamente, Ernesto Ramírez, integrante de ese  patronato, cuestionó: "¿Por qué si las denuncias son tan claras se sigue protegiendo a la señora Casco Majalca? ¿Qué intereses mueven a la PGJDF para continuar con su protección? ¿Qué sabe Elvira Casco  que la PGJDF prefiere su silencio en el caso?".

Según se expuso, el 5 de febrero de 2009 se presentó ante las oficinas de la PGJDF, la señora Silvia Trejo Luna, madre de tres de los  menores extraviados, declarando que: "ratifica la denuncia de hechos a la señora Elvira Casco  Majalca por sustracción de mis menores hijos...ya que desde el año 2005, ya no permitió verlos... Que es todo lo que es a manifestar y que la culpable es la Directora porque ella los tenía y se los negó".

Asimismo, el 10 de febrero de 2009, compareció Enoc Juárez Pineda, padre de otros tres de los niños que no aparecen y manifestó: "Que la última vez que fue, fue el seis de octubre del año 2008, ya que iban a celebrar el cumpleaños del niño grande, y no lo vieron  porque la señora Elvira Casco Majalca le dijo que no estaban ahí porque se habían ido a una fiesta ..."

También se señaló que el 11 de febrero de 2009, Ardelia Martínez Estrada, abuela de la niña Ilse Michel, entregó documentos firmados por ella los días 10,12 y 22 de enero de 2009,  y en su calidad de denunciante  se da Fe de la documentación en la averiguación previa, quedando redactado lo siguiente: "Mediante el cual en síntesis, solicita que se proceda penalmente en contra de la probable responsable Elvira Casco Majalca , todos ellos suscritos y firmados a nombre de Ardelia Martínez Estrada, en su calidad de denunciante..."

De estas aseveraciones mostraron en  diapositivas  de los documentos en donde se enunciaron, sin embargo no entregaron copias escritas para realizar su detenido análisis y se negó a contestar preguntas.

Acusan de secuestro a Mancera

Durante la conferencia, los representantes de Reintegración Social AC, también acusaron que el procurador  Mancera ordenó la sustracción de hijos de voluntarios de esa agrupación, con pleno conocimiento de que esos niños no eran atendidos ni  pertenecían a Casitas del Sur, por lo que afirmaron que los secuestró y se negó a devolverlos a sus padres.

Ernesto Ramírez manifestó que el 29 de enero pasado, la PGJDF tomó bajo su custodia a los menores de los albergues Casitas del Sur.

"Las autoridades trasladaron a los niños por la fuerza, negándose a exhibir o acreditar una orden judicial... En dicho operativo la PGJDF sustrajo ilegalmente a los menores Miche y Isacaa (sic) Torres, hijos de voluntarios de la asociación, con pleno conocimiento de las autoridades de que dichos menores no habían sido víctimas de algún delito, ni fueron canalizados a Reintegración Social por autoridad alguna, ni formaban parte de la población atendida por la asociación".

Aseveró que a pesar de la insistencia de los padres, la PGJDF se negó a regresar a los niños y los trasladó al DIF. Los padres fueron llevados por la fuerza a declarar como testigos.

La familia interpuso un amparo federal  186/2009-V en el juzgado 13 de Distrito, juicio por el cual el 6 de febrero de 2009, el juez ordenó a la PGJDF la liberación inmediata de los infantes, uno de ellos de ocho meses de edad y el otro de tres años.

Sin embargo, según el representante, el amparo fue ignorado por la PGJDF, mientras que los padres fueron amenazados por el Fiscal Central de Investigación para Menores, David Suárez Carrillo de que "si querían volver a  sus hijos tenían que desistirse del amparo".

Ante el desacato de la orden de un juez federal, los padres de Miche y  Isacaa Torres iniciaron una averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-XXIII/505/09-02 ante la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con este relato, fue necesaria la intervención de organismos federales para que las autoridades del Distrito Federal regresaran a los niños.

mvc