La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) determinó que nueve funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Dolores Hidalgo violaron los derechos de las dos religiosas que el 29 enero fueron detenidas sin justificación, obligadas a desnudarse y sometidas a revisiones corporales para comprobar su sexo.

Al concluir las investigaciones, el ombudsman estatal, Gustavo Rodríguez Junquera, estableció la detención arbitraria de las monjas y el ejercicio indebido de la función pública.

Como consecuencia, envió seis recomendaciones al alcalde de Dolores Hidalgo, Luis Gerardo Rubio Valdez, en la que le pide una disculpa para las ofendidas Juana Gómez Ángeles y Josefina Rivera Mata.

Las monjas, del convento de la Inmaculada Concepción de María, ubicado en la comunidad de Puentecillas, en Morelia, Michoacán, fueron detenidas como sospechosas de robo el 29 de enero, cuando pedían limosna y trasladadas a barandilla donde las obligaron a quitarse el hábito para comprobar que eran mujeres.

Este lunes, la PDHG recomendó al edil que dé inicio y determine un procedimento administrativo de investigación disciplinaria en contra de los policías Uziel Abraham Mireles Rodríguez, Delfino Lucio Sánchez, Mónica Ramírez Monjaraz, Ma. Virginia Ramírez Mejía, Estanislao Velázquez Ortiz, Rodolfo Baca Gutiérrez y María Eloisa Mejía Grimaldo, así como de Alejandro Castañón Hernández y Gilberto Franco García, Alcaide de la Cárcel y Juez Calificador.

El proceso contra los servidores públicos deberá ser por su probable responsabilidad administrativa e institucional con motivo de la detención arbitraria, revisiones corporales, incomunicación y pago de multa de que fueron las religiosas.

Recomienda al alcalde, además, que se ofrezca una disculpa a Juana Gómez Ángeles y Josefina Rivera Mata, por la violación a derechos humanos.

Sugiere la suscripción de una carta dirigida a cada una de ellas, en la que exprese tal circunstancia, y además de que evite en lo futuro, actos que tiendan a afectar la libertad física, el honor, prestigio y seguridad jurídica de las personas, como los valorados en el presente caso.

La PDHG señaló que de las investigaciones sobre la queja 16/09-D y expresó su rechazo al ejercicio indebido de la función pública y ante toda forma de tratos vejatorios, detención arbitraria e incomunicación de cualquier ciudadano.

LENTA

A su vez, el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa, señaló que aún no concluye la averiguación previa 24/2009 por abuso de autoridad que las religiosas interpusieron en contra de los policías preventivos por el abuso de autoridad, el 5 de febrero.

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