Organizaciones civiles y de derechos humanos advirtieron que el gobierno de México carece de una política social definida lo que ha propiciado que se violen los derechos humanos y persistan prácticas como la discriminación, impunidad, tortura, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.

Lamentaron que aumente la militarización en tareas de seguridad y demandaron que se asuman compromisos reales en la materia, con plazos definidos, mecanismos de evaluación periódicos de alto impacto, un alto a la impunidad y voluntad política.

En conferencia de prensa, representantes de 5 organizaciones no gubernamentales dieron a conocer su posicionamiento del informe que presentó México sobre la situación de derechos humanos ante Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.

Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria", lamentó que sigan las violaciones graves a los derechos humanos, y que no exista voluntad política ni del gobierno federal ni de los estatales para erradicar esas prácticas.

Se pronunció porque México haga un compromiso contundente de defender los derechos humanos y no se quede sólo en palabras como las que usó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en su comparecencia como "retos" y "desafíos".

Madeleine Penman, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, alertó que en la gestión del presidente Felipe Calderón han aumentado las violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares, 45 mil efectivos están en las calles cumpliendo labores de seguridad, al registrarse en 2006, 182, un año después 375 y en 2008, 631.

Lucía Lagunes, directora de CIMAC, comentó que se incluyó un referente a la salud sexual reproductiva de las mujeres, en el que se detalló que se hicieron cambios a la Norma Oficial Mexicana 046 ya que no sólo no se garantiza a las mujeres víctimas de violación el acceso al aborto o a la anticoncepción de emergencia.

Diego Lorente, de Sin Fronteras, Alertó que el Ejército, al estar participando en acciones de seguridad, se ha dedicado también a detener a los migrantes cuando es una tarea que le corresponde al Instituto Nacional de Migración (INM).

También criticó que aún no se emita el reglamento de la ley contra la trata de personas, pese a que el ordenamiento se aprobó en 2007. "Se tiende a perpetuar la impunidad", expresó.

Agnieszka Raczynska, de la Red Todos los Derechos para Todos, dijo que se vive un retroceso de 20 años en materia de derechos humanos ya que persiste la impunidad, la tortura, la violencia contra las mujeres y las violaciones graves a los derechos humanos; además de que el gobierno no tiene una política en materia social.

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