Sólo podremos transformar el mundo creado con nuestro pensamiento
cuando cambiemos nuestra forma de pensar:
Albert Einstein

Según se nos ha repetido hasta el cansancio, las drogas ilegales son la amenaza más grande a la salud pública que hasta la fecha haya enfrentado a la humanidad. Como consecuencia de tal afirmación, se desprende un deber moral de la comunidad internacional, ineludible e incuestionable, que nos obliga a hacer todo lo posible para desaparecerlas de la faz de la tierra.

Esta es, a grandes rasgos, la simplista hipótesis que sustenta la política hacia las drogas desde comienzos del siglo XX; una hipótesis cuyas directrices, convertidas ahora en paradigmas morales y políticas de Estado que no admiten objeción, han determinado la imperiosa necesidad de llevar a cabo una “guerra” sin cuartel contra ellas, aun a costa de la propia salud pública.

Una guerra como ésta es tan fundamental e inevitable que admite sin chistar, en aras de un bien mayor (una sociedad sin drogas), flagrantes violaciones a los derechos humanos cuantas veces sean necesarias; que considera legítimo mentir abierta o veladamente sobre la verdadera peligrosidad de cada droga; o que incluso promueve sin rubor la ignorancia y la desinformación cuando se trata de sustancias sicoactivas que carecen de carácter legal.

No es de extrañar, en consecuencia, que la piedra angular de la estrategia en contra de las drogas ilegales sea la de su prohibición absoluta, una política que supone que sólo lograremos erradicarlas de nuestras sociedades terminando con su oferta.

Pero siendo sinceros, deberíamos admitir que resulta un tanto contradictorio solucionar un problema de salud pública, creciente, en efecto, casi exclusivamente mediante el uso de la fuerza; como también es legítimo preguntarse cuáles son exactamente los objetivos de esta guerra y del prohibicionismo que la alienta, habida cuenta de que la experiencia histórica ha documentado plenamente la estrecha e importantísima relación de las culturas y las sociedades humanas con una inmensa variedad de sustancias que ha sido utilizada con toda clase de propósitos: rituales, médicos, experimentales, creativos, lúdicos y un largo etcétera.

Pero dejemos por el momento la pregunta de si es posible lograr un mundo sin ellas, para hacernos una tal vez un poco más honesta: ¿es deseable realmente un mundo sin drogas? ¿Viviríamos mejor sin café, tabaco, alcohol, chocolate o té; además de sin mariguana, opio, LSD o cocaína, entre muchas otras sustancias non gratas para ciertas concepciones morales? Conozco pocas personas dispuestas a renunciar a una o más de cualquiera de esas sustancias, y menos aún a renunciar a ellas cuando se consumen de manera consciente y responsable, en el ámbito de la vida privada de adultos que no afectan a terceros.

Todas las evidencias disponibles hasta el momento —históricas, médicas, sociales, económicas— apuntan invariablemente al fracaso del prohibicionismo como forma efectiva para contener el problema de las drogas. De hecho, en el transcurso de dos generaciones (es decir, desde la instauración universal del prohibicionismo), la producción y el consumo internacional de drogas se ha incrementado dramáticamente, su disponibilidad ha aumentado significativamente, los precios han caído y, más importante aún, el problema de salud pública que representan ha aumentado en proporciones exponenciales.

Esto es así porque el prohibicionismo está empeñado en contradecir a la realidad, y porque en aras de una supuesta obligación moral indeclinable los estados deben instrumentar medidas absurdas contra las drogas que, en última instancia, agravan sus efectos negativos en la salud de las personas,  usuarias o no. La prohibición para que el sistema federal de salud de EU reparta jeringas entre los usuarios de drogas inyectables, por ejemplo, es una política cuyas consecuencias inmediatas son las de elevar el riesgo de contagios de VIH-sida y de distintas clases de hepatitis. ¿Es esto actuar para proteger la salud pública?

Adicionalmente, la prohibición ha detonado por sí misma otra serie de problemas cuya gravedad también observa en aumento exponencial: ha creado enormes intereses en mercados ilegales, ha generado una serie de nuevos narcoestados en los que la corrupción, la violencia y la inestabilidad política afectan sustancialmente la vida cotidiana de millones de personas —y no sólo la de los consumidores de drogas—; y por último, ha mandado una señal muy negativa en términos de salud. A saber: que las drogas no son un asunto de salud pública en primera instancia, sino uno de seguridad pública, en el que los consumidores no sólo son las víctimas o los sujetos de políticas de salud responsables, sino parte del mundo criminal mismo.

He aquí, tal vez, el nudo más contradictorio de estas políticas: para proteger la salud de los consumidores de drogas al Estado no le queda más remedio que criminalizarlos.

Tan alejada de la realidad en materia de salud se encuentra esta visión, que en México tenemos una cuenta ampliamente publicitada de bajas por la “guerra contra las drogas”, misma que supera a las de muchas guerras actuales; pero nadie, ni siquiera las autoridades de salud pública, son capaces de aventurar una cifra más o menos cercana a la realidad de las muertes producidas por las drogas ilegales. Al mismo tiempo, pareciera tomarse con ligereza el hecho de que dos drogas legales, el alcohol y el tabaco, sean responsables directas de más de 80 mil muertes anuales en el país.

Desde muchas perspectivas, es hora de discutir responsablemente otras alternativas, y por ello cada vez son más quienes, desde la ciencia, la práctica médica, la defensa de los derechos humanos, la racionalidad económica y la educación, comienzan a señalar menos disimuladamente que el emperador va desnudo, y que tal vez podríamos lidiar con el problema de una forma menos contradictoria, irracional y contraproducente.

El principio de este cambio estriba, entonces, en permitirnos formular estrategias nuevas y en abandonar posiciones maximalistas. Podríamos partir, por ejemplo, por reconocer que todas las drogas, independientemente de su carácter legal, son potencialmente peligrosas para la salud y que consumirlas implica siempre un riesgo para el que las consume, e incluso también para los que lo rodean.

En este sentido, comienza a crecer un movimiento mundial que apoya políticas de reducción de riesgos y daños, lo que en los hechos significa trabajar para que el consumo de cualquier droga cause el menor daño posible. Las recientes modificaciones a la legislación del tabaco en México son un buen ejemplo de esta clase de políticas públicas. Es hora de extenderlas al ámbito de las drogas ilegales.

Es necesario reconocer, también, que el abandono de la prohibición absoluta de las drogas no implica en modo alguno el acceso irrestricto a las mismas, ni mucho menos su promoción; sino regulaciones específicas para cada una de ellas, adecuadas al contexto cultural, económico y de salud que cada una representa en el medio social de sus consumidores.

La experiencia histórica de la prohibición del alcohol, y el reconocimiento explícito de la necesidad de regular su producción, formas de acceso y su consumo, no deja lugar a dudas.

Reconozcamos, también, que las políticas prohibicionistas en buena medida fueron pensadas para funcionar en un escenario completamente distinto al actual, no en sociedades de consumo masivo como las nuestras.

Hoy, a principios del siglo XXI, es hora de cambiar en materia de drogas, y es preciso hacerlo mediante medidas que vayan demostrando su efectividad, no desde posiciones morales irreductibles. Es hora de aceptar que el número de muertos por los intereses del narcotráfico o el número de personas encarceladas por delitos relacionados con drogas no pueden ser un indicador de éxito.

No se trata de que las drogas no lleguen a nosotros, sino de que cuando lo hagan, sea cual sea la circunstancia en que nos encontremos, estemos preparados para tratar con ellas desde la información fidedigna y científica, así como desde la responsabilidad y la libertad a las que, como seres humanos, todos tenemos derecho.

Politólogo y presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CuPIHD)