La ley habilitante, que le otorgó poderes al presidente Hugo Chávez para legislar por año y medio, llegó el jueves a su fin dejando como saldo una treintena de decretos-ley que le permitieron al Ejecutivo asumir el control de sectores claves de la economía, e introducir importantes cambios como la reconversión monetaria y la conformación de una policía nacional.

Aunque Chávez pierde la facultad para legislar, no se prevé que el mandatario enfrente mayores trabas para lograr la aprobación de algunas regulaciones que quedaron pendientes como la ley de Inteligencia, y las reformas de las leyes del Trabajo y de Educación, puesto que la Asamblea Nacional está integrada en su mayoría por aliados del gobierno.

Al respecto el diputado oficialista Juan Montenegro dijo que el congreso está dispuesto a retomar los proyectos de leyes que deje pendiente el Ejecutivo, y "buscar bajo un período de urgencia, de emergencia, la aprobación de algunas de esas leyes que son fundamentales".

Montenegro sostuvo que "si en algún momento el Ejecutivo cree conveniente solicitar una ley habilitante nuevamente para fines específicos, para una materia de urgencia en el país, será retomada".

Durante sus casi diez años de mandato Chávez ha recibido de la Asamblea Nacional tres leyes habilitantes.

Decidido a impulsar el proceso socialista en Venezuela, Chávez aprovechó la ley habilitante, que le dio la Asamblea Nacional en enero del 2007, para nacionalizar las cuatro asociaciones petroleras de la Faja del Orinoco, la mayor telefónica y siderúrgica del país, y los sectores eléctrico y cementero.

El grueso de los decretos-ley, que emitió el mandatario durante los 18 meses que duraron sus poderes especiales, se centraron en el área económica.

Entre los instrumentos legales más significativos figura la ley de reconversión monetaria que implicó la eliminación, a inicios de año, de tres ceros a la moneda, y el cambio de denominación de bolívar a bolívar fuerte.

También se creó en noviembre pasado un impuesto a las transacciones financieras, con una tasa de 1,5%, que fue eliminado siete meses después debido a la fuerte incidencia que tuvo en la aceleración de la inflación.

De igual forma se cambió la ley de pesca para prohibir la pesca de arrastre, y se modificaron los impuestos al Valor Agregado (IVA), cigarrillos y licores.

Otro de los instrumentos legales al que el gobierno le dio especial atención en el período de habilitación fue la ley de Policía Nacional, que entró en vigencia en abril pasado.

A través de esta nueva legislación se estableció un sistema nacional de seguridad, que quedó bajo control del gobierno central, y se impusieron regulaciones a las 126 policías que están bajo el control de las alcaldías y gobernaciones.

En materia de seguridad Chávez aprobó en mayo una ley de inteligencia y contrainteligencia para reorganizar la policía secreta y obligar a la población civil a colaborar como informantes con los servicios de seguridad. En medio de enérgicas protestas de opositores y organizaciones humanitarias el mandatario derogó la polémica ley y la envió al congreso para su reformulación.

Juan Carlos Caldera, dirigente del partido opositor Primero Justicia, afirmó que la ley habilitante no representó avances para el país debido a que implicó un "debilitamiento" del congreso.

"Esta ley habilitante fue una carta blanca al presidente para que por esa vía pudiese tratar de relanzar su gobierno,...pero lo que hizo fue darle más poder a quien ya tiene todo el poder, y desmeritar cada vez más la Asamblea Nacional", acotó.

jigh