Unos 500 trabajadores activos de Femsa Coca-Cola en Venezuela solicitaron hoy ante la unicameral Asamblea Nacional (AN) el desalojo de los ex trabajadores de la empresa, que tras 12 días prosiguen con el bloqueo de varias instalaciones.

Fuentes de la compañía, filial de la mexicana Femsa, que dispone en Venezuela de cuatro embotelladoras y 32 centros de distribución, precisaron que la protesta fue secundada por "más de 500 trabajadores" y que "unas diez" instalaciones de la compañía, entre ellas dos plantas, continúan tomadas por ex concesionarios y ex transportistas.

Uno de los trabajadores de la compañía, Joel Antonio Echezuría, indicó en la AN al canal de televisión privado Globovisión que el bloqueo afecta a los 8 mil trabajadores directos y 7 mil indirectos que tiene la empresa.

"No queremos un enfrentamiento con estos señores (los ex trabajadores) porque no vamos a ganar nada. Lo único que pedimos es que los órganos competentes hagan cumplir las leyes de este país, porque ya hay sentencia firme", refiriéndose a la resolución que emitió la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en favor de la empresa.

Ximena Iribarren, también trabajadora de la compañía, declaró a su vez que "8 mil trabajadores no pueden ejercer su derecho al trabajo por culpa de 380 guarimberos (activistas en barricadas) que están violentando las instalaciones".

Se trata del tercer bloqueo que sufre la empresa en lo que va de año, después de los de febrero y abril, lo que según Luis Ignacio Mayorca, director de Recursos Humanos de Femsa Coca-Cola, ha dejado pérdidas acumuladas por más de 15 millones de dólares.

El inicio de la actual toma coincidió con la decisión adicional del TSJ de abandonar la mediación que realizaba desde 2006 en busca de un acuerdo entre la empresa y los ex trabajadores, después de darle la razón a la compañía y dictaminar que "los reclamos de los ex transportistas no tienen sustento".

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ofreció entonces a mediar en el conflicto, pero una semana después de ello prosiguen las tomas de las instalaciones.

El Ministerio convocó a la partes "a reinstalar la mesa de conciliación" y pidió a los ex trabajadores que "reconsideren su postura" y "desistan de las vías de hecho y dialoguen con la empresa acerca de la posibilidad de avanzar en la construcción de una solución social satisfactoria".

El conflicto se remonta a 2003, cuando la concesión de Coca-Cola pasó de manos de la empresa Hit de Venezuela, propiedad del magnate nacional Oswaldo Cisneros, a la actual distribuidora Femsa.

Hit se hizo con la concesión en agosto de 1996, tras romper el acuerdo que hasta entonces tenía con Pepsi Cola, si bien la perdió siete años después.

Según fuentes de Femsa Coca-Cola, la compra de la franquicia, en mayo de 2003, convirtió a la empresa en la embotelladora de refrescos más grande de Latinoamérica, en términos de ventas.