Con el argumento de no contar con el presupuesto y la infraestructura suficientes, la PGR dio marcha atrás al proyecto de la Agencia Federal Antisecuestros (AFA), plan anunciado el 27 de junio de 2001 por el gobierno de Vicente Fox. Otras razones que se esgrimieron, según fuentes que participaban en el diseño de la agencia, es que la creación de la AFA representaría un paso previo a la federalización del delito del secuestro y, por ende, una mayor carga de trabajo para la PGR y su Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Cabe recordar que el anuncio del proyecto fue efectuado en su momento tanto por el procurador Rafael Macedo de la Concha como por el otrora consejero de Seguridad Nacional Adolfo Aguilar Zinser. Sin embargo, de acuerdo con la vocera de la PGR, María Manuela de la Rosa, Macedo de la Concha nunca dijo que fuera a crearse una agencia antisecuestros. Sobre la cancelación del proyecto, la oficina del Consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República señaló no estar en posibilidad de "confirmar o desmentir" la información y dijo "no tener una posición al respecto".
El establecimiento de la AFA era parte del "paquete" de cambios en la estructura de la PGR que incluye la "evolución" del Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro), el cual consideraba que esta instancia se involucraría precisamente en el combate al secuestro.
Cancela la PGR creación de la Agencia Federal Antisecuestros
La Procuraduría General de la República (PGR) canceló el proyecto para crear la Agencia Federal Antisecuestros (AFA), anunciada el 27 de junio de 2001 por el gobierno de Vicente Fox.
Uno de los razonamientos para detener el proyecto fue que la creación de la AFA se traduciría en la federalización del secuestro, además de que la PGR se sobrecargaría de trabajo con una misión para la que no tiene presupuesto suficiente, de acuerdo con fuentes de la PGR que participaban en el diseño de la agencia. La creación de la AFA era parte del paquete de cambios en la PGR, que incluye la "evolución del Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro)", anunciada en mayo de 2001, y que preveía que esta instancia se involucraría precisamente en el combate al secuestro.
Dicha evolución llevará al Cendro a convertirse en el Centro Nacional de Planeación e Inteligencia (Cenapi) de la PGR, cuyas tareas serán recabar información sobre tráfico de drogas, contrabando de armas, robo de vehículos, tráfico de personas, robo de infantes, importación fraudulenta de precursores químicos, falsificación, robo de obras de arte, delitos cibernéticos y secuestros.
El 27 de junio de 2001, en el Hotel Camino Real, durante los trabajos de la "Mesa redonda con el gobierno de México", organizada por la revista británica The Economist , el entonces consejero de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser, junto con el Procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, anunció dicho proyecto.
Macedo de la Concha indicó en esa fecha, que la urgencia y las necesidades de los ciudadanos hacen que la creación de la agencia "se dé lo antes posible". Al respecto, la vocera de la PGR, María Manuela de la Rosa, aseguró que el procurador Rafael Macedo de la Concha nunca anunció la creación de una agencia antisecuestros. "Existe una coordinación de la Unidad Antisecuestros de la UEDO, que trabaja estrechamente con la AFI (Agencia Federal de Investigaciones) y que cuenta con varios fiscales especializados en atención a plagios".
La oficina del consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, que se encuentra bajo responsabilidad temporal de Eduardo Viezca de la Garza, señaló que no está en posibilidad de "confirmar o desmentir" la cancelación del proyecto, cuyo plan de creación fue anunciado, en su momento, por Macedo de la Concha y el ex consejero presidencial en materia de seguridad nacional, Adolfo Aguilar Zinser.
En su reporte de actividades, la oficina del consejero de Seguridad Nacional hace mención a la creación de grupos de tarea especializados en el combate al secuestro, que cuentan con el apoyo de diversas secretarías y agencias estatales, tales como las secretarías de la Defensa Nacional, Seguridad Pública, Gobernación y el apoyo en materia de inteligencia de el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En junio de 2001, EL UNIVERSAL entrevistó al diputado José Elías Romero Apis, quien relató que el procurador Rafael Macedo de la Concha le había informado de la integración de la agencia nacional antisecuestros, que entraría "en operaciones en cuatro o seis meses", por lo que el Ejecutivo se dispondría a enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas que le otorgara el sustento legal.
"He estado en conversaciones con el procurador general de la República, tendientes a la posibilidad, al establecimiento de una agencia nacional antisecuestros que actúe desde el ámbito de la Federación, que sea complementaria de los trabajos que se realizan en los fueros de los estados y del Distrito Federal, y que nos permita crear un órgano nuevo de gente bien seleccionada, bien entrenada y bien vigilada y supervisada, con el objeto de combatir este delito tan preocupante en nuestra sociedad".
En entrevista, Romero Apis dijo que esta agencia tendría cinco características: Sería una agencia totalmente nueva, el personal estaría compuesto por gente de reciente ingreso, sus integrantes serían capacitados constantemente, tendría espacio legal y recursos presupuestarios, y habría voluntad para realizar supervisiones a sus tareas. Sin embargo, nada de esto ocurrió.
En cambio, en el contexto del aumento del secuestro en el país, el gobierno federal cambió su estrategia y anunció, en diciembre de 2001, en el marco del Encuentro de Procuradores de Justicia del País, en el que por primera vez en su historia el Ejército mexicano participaría en la lucha antisecuestros, aportando información sensible de inteligencia recabada en todo el país.
El anuncio fue hecho por Fox en la clausura del encuentro.
Falta de presupuesto >italicares< secuestradores
Entre las razones para no llevar a cabo tal proyecto, se argumentó en la PGR, así como en la Policía Federal Preventiva (PFP), que ello representaría un paso previo a la federalización del delito de secuestro, y por ende a una mayor carga de trabajo para la PGR y su Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
El tema se finiquitó en el pasado encuentro de procuradores de Justicia, celebrado en Mazatlán, en donde se decidió impulsar como medida de respuesta inmediata a este delito, la creación de un centro nacional para atención a víctimas del secuestro.
Además se planeó mejorar sustancialmente la capacitación de agentes investigadores especializados en el tema de secuestro, a quienes se adiestró hace dos meses en España, sobre todo en el área de negociación y rescate de víctimas.
Previo a la decisión de no crear la Agencia Federal Antisecuestros, la PGR disolvió al Grupo Antisecuestros Yaqui, creado apenas en 1998, con capacitación de la Policía Nacional Francesa y del FBI, y con una estructura base de 16 agentes seleccionados en todo el país.
El pasado 2 de febrero, EL UNIVERSAL dio a conocer que de no aprobarse el presupuesto de 6 mil 932 millones de pesos, solicitado por la PGR al gobierno federal, la operatividad de los cinco nuevos laboratorios regionales en materia pericial de la institución estaría en riesgo.
En entrevista con este diario, el coordinador de Servicios Periciales de PGR, Miguel Óscar Aguilar Ruiz, señaló que de los proyectos de la Procuraduría a mediano plazo, uno de los que no sería afectado es el del Centro de Atención a Víctimas del Secuestro, que tiene garantizada la partida financiera para operar en unos dos meses más.
