El presidente George W. Bush pidió al Congreso que destine fondos para ayudar a las empresas a deshacerse de los trabajadores indocumentados, pero decidió no solicitar dineros adicionales para que los inmigrantes legales puedan acelerar su naturalización y ser ciudadanos estadounidenses.

En su plan presupuestario difundido esta semana, Bush solicitó 100 millones de dólares para ampliar la Verificación-E, el sistema utilizado por los empresarios y patronos a fin de comprobar si contratan trabajadores documentados.

Empero, no pidió al Congreso que destine más fondos para agilizar la tramitación de la ciudadanía o los permisos de residencia de millares de personas que viven o entraron legalmente en el país, y que tendrán que pagar tasas sustancialmente encarecidas el año pasado.

En lugar de ello, el Servicios de Ciudadanía e Inmigración recurrirá a 468 millones en tasas para reducir la acumulación de tramitaciones en el 2010. Esos fondos son una parte del total cobrados por las tramitaciones.

El secretario de Seguridad Interior Michael Chertoff dijo a mediados del año pasado que el aumento de las tasas dará al organismo el dinero necesario para ponerse al día en las tramitaciones de pedidos.

En total, 7.7 millones de solicitudes fueron recibidas por el Servicios de Ciudadanía e Inmigración en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre del 2007, un aumento de 1,4 millones ante el anterior año fiscal.

''La acumulación ha vuelto a ser la que era cuando comenzaron y la agencia a vuelto a hacer lo que solía, que es robar a Pedro para pagar a Pablo. Ahora desvían recursos de los residentes permanentes para costear la tramitación de ciudadanía'', dijo Crystal Williams, director adjunto de programas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

El organismo de inmigración aumentó las tasas en julio principalmente para recaudar unos 1.500 millones de dólares a fin de modernizar su sistema de computación, contratar y entrenar nuevos empleados, mejorar sus oficinas y otros gastos.

Nacionalizarse estadounidense cuesta ahora 595 dólares, de 330 dólares el año pasado. El importe para obtener legalmente la tarjeta verde _ el permiso de residencia legal _ es de 1.010 dólares, de 395 dólares el año pasado. Además, los solicitantes de ambas deben pagar otros 89 dólares adicionales para la obtención digital de las huellas dactilares, un aumento de 10 dólares.

sgf