Pese a que el secretario de Turismo estatal, Alejandro Moreno Medina, aceptó ser socio de sólo dos de las 10 empresas que según el gobierno estadounidense lavan dinero del cártel de los Arellano Félix, documentos del Registro Público de la Propiedad señalan que el funcionario es accionista de cuatro compañías.

Moreno Medina rechazó tener nexos con el narcotráfico y aseguró contar con la confianza del gobernador Eugenio Elorduy Walther. Agregó que "su familia es honesta y no tiene nada que aclarar en relación con la denuncia de Estados Unidos".

Asimismo, de conformidad también con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del estado, el mandatario Elorduy vendió en agosto de 1985 el terreno que actualmente ocupa el complejo turístico Oasis, propiedad de Manuel Aguirre Galindo, El Caballo , empresario vinculado desde ese entonces al cártel de los Arellano Félix.

El titular de Turismo de Baja California cuenta con por lo menos 10 años de servicio público como colaborador de las administraciones panistas de la entidad.

El gobierno estadounidense anunció el pasado jueves el congelamiento de cuentas de 12 empresas, 10 de ellas mexicanas, sospechosas de lavar dinero propiedad de los Arellano Félix. De entre las personas a quienes también se les congelaron cuentas, Luis Ignacio Moreno, hermano de Alejandro Moreno, es señalado por autoridades estadounidenses como uno de los operadores financieros del cártel de Tijuana.

Servidor de BC, accionista en compañías de lavado

El secretario de Turismo del estado, Alejandro Moreno Medina, es accionista de cuatro de las 10 empresas que según el gobierno de Estados Unidos sirven como vehículo para el lavado de dinero proveniente del cártel de los Arellano Félix, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de esta entidad. En tres de esas compañías el funcionario estatal aparece como socio de su hermano Luis Ignacio Moreno, quien es señalado por las autoridades estadounidenses como una de las 14 personas que sirven como operadores financieros del cártel de Tijuana.

Luis Ignacio participa, además, en otras dos firmas a las que el gobierno de George W. Bush les congeló sus cuentas y activos en territorio de ese país.

Los efectos de la operación llevada a cabo por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos llegan también al más alto nivel de la política local: el gobernador Eugenio Elorduy Walther vendió en agosto de 1985 el terreno que ocupa actualmente el complejo turístico Oasis a su actual dueño, Manuel Aguirre Galindo, alias El Caballo , El Memo o El Galán , quien también es identificado como un empresario vinculado a los Arellano. Desde entonces, versiones periodísticas basadas en reportes de fuentes policiacas de ambos países atribuían a Aguirre Galindo tener nexos con el narcotráfico.

El complejo turístico fue incautado por la Procuraduría General de la República (PGR) en 1998 precisamente por sus nexos con el narcotráfico y luego recuperado por Manuel Aguirre y su madre Esperanza Galindo tras obtener un amparo federal.

Al margen de la página con folio 418 de la dependencia se estipula que la venta quedó inscrita en la partida 41748. Ahí mismo se reporta que a su vez el ahora gobernador compró la tierra al señor Roberto Vallín de León, en sociedad con Héctor Sada Quiroga.

Aunque el secretario estatal de Turismo aceptó ser accionista de sólo dos empresas, Valpark, SA de CV y Operadora Valpark, SA de CV, los documentos del Registro Público señalan que en realidad tiene intereses en cuatro de las compañías.

Alejandro Moreno Medina rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico y dijo que además de contar con la confianza del gobernador estatal, ya se puso en contacto con el consulado estadounidense para aclarar su situación legal.

En entrevista con un diario local, el funcionario sostuvo que "su familia es honesta y no tiene nada que aclarar en relación con la denuncia de Estados Unidos".

De acuerdo con la información del Registro Público de la Propiedad, Alejandro Moreno Medina también aparece como socio o asociado integrante de Accesos Electrónicos y Gex Explore.

La primera opera como manufacturadora, fabricante, importadora, exportadora, vendedora y compradora, además de distribuidora de toda clase de equipos electrónicos y mecánicos, entre otras actividades. La segunda está registrada como compradora, distribuidora, importadora, exportadora y representante de aparatos, accesorios y servicios de telefonía, así como artículos de fotografía en general.

En Gex Explore, Alejandro e Ignacio Moreno aparecen como únicos socios y en Accesos Electrónicos, además de los hermanos, se encuentran registrados María Fregoso Amézquita y Julio César Flores Monroy, la primera mencionada en la relación de la Casa Blanca como de presuntos lavadólares.

El hermano del secretario de Turismo también es socio de Forpres SC, prestadora de servicios profesionales de administración, mercadotecnia, financieros, contables, legales, de importación y exportación, así como asesoramiento y consultoría técnica comercial e industrial. Sus compañeros son Adrián Orozco Cárdenas y María Antonieta Fregoso.

También aparece como socio de la ADP, SC, prestadora de servicios profesionales, junto con José Alejandro Gil García, María Antonieta Fregoso Amézquita, Gilberto Mijares Trancoso, Salvador Alva Cerda, Miguel Aguilar Amao y Adrián Orozco Cárdenas, que igualmente figuran en la lista de la Casa Blanca.

Cabe mencionar que en la Operadora Valpark SA de CV, el secretario de Turismo se encuentra como asociado y Antonieta Fregoso aparece como administradora única.

En tanto Salvador Alba Cerda, Miguel Aguilar Amao, Gilberto Mijares Trancoso y María Antonieta Fregoso Amézquita, aparecen como integrantes del Consejo de Administración como presidente, secretario, tesorero y comisario, respectivamente.

Fuentes gubernamentales aseguraron que Alejandro Moreno Medina fue convocado de urgencia por el secretario general de Gobierno, Bernardo Borbón Vilches, para explicar la situación luego del anuncio de Estados Unidos.

El titular de la Secretaría de Turismo cuenta con por lo menos 10 años de servicio público como colaborador de los gobiernos panistas de Baja California.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se constató que de las 10 empresas mencionadas en la "lista negra" de Estados Unidos, únicamente cinco se encuentran funcionando de manera normal y en ningún caso fue posible hablar con los encargados.