La coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa en la Cámara de Diputados, Marina Arvizu, sometió a consideración este martes una iniciativa para reformar el Código de Justicia Militar para que los miembros del Ejército que cometan delitos, en que también concurran civiles, sean juzgados en el orden común o federal.

Detalló que la iniciativa también prevé el establecimiento de un Fondo de Compensación que no pretende sustituir a la reparación del daño, ni se ajusta a sus lineamientos, sino que busca disminuir de manera significativa e inmediata el impacto del delito en quienes fueron víctimas en la comisión de un ilícito por parte de militares.

En la exposición de motivos la legisladora recordó que el fuero de guerra se encuentra arraigado en la tradición jurídica mexicana, y es dable para poder juzgar a quienes cometen delitos contra la disciplina militar.

Recordó que ha habido casos en que militares se ven involucrados en presuntos delitos con civiles.

La diputada sentenció que los cuerpos de las mujeres “se han convertido en campo de batalla para un sistema y gobierno patriarcales que desarrolla una guerra no declarada contra nosotras”.

El caso más representativo, dijo, se encuentra ejemplificado en las trece mujeres agredidas en Castaños Coahuila por militares, toda vez que han presentado un estrés postraumático significativo y la conducta delictiva les generó conflictos familiares y sociales.

Por tanto, es urgente y de obvia justicia social que el Estado las auxilie y compense el perjuicio que les causó la comisión del delito, con independencia de la llamada reparación del daño.

“Atendiendo ese criterio, la presente iniciativa propone reformar la ley para que cuando en los delitos del orden común o federal, concurran militares y civiles, ambos sean juzgados por los tribunales del fuero común o federal, quedando a disposición de esta autoridad, sin perjuicio de que los militares sean procesados por los delitos contra la disciplina militar”.

Recordó que el constituyente de 1917 redactó el artículo 13 Constitucional, “el cual es muy claro respecto a los lineamientos que debe de seguir dicho fuero, al señalar que los tribunales militares sólo y de manera exclusiva pueden conocer de los delitos y faltas contra la disciplina militar”.

Este es sin lugar a dudas el límite y criterio de los alcances de la jurisdicción militar, dijo.

“Lo anterior nos da claridad para establecer que el artículo 57 del Código de Justicia militar, se excede, otorga, y amplía la jurisdicción militar, lo cual contraviene el espíritu del constituyente.

“Quiero ser muy precisa y dejar en claro que no podemos juzgar a una institución tan noble como es el Ejército y las Fuerzas Armadas, por elementos que no respondieron a la confianza que les fue conferida por la sociedad y por las instituciones mismas; sin embargo, el Estado Mexicano debe responder ante los ciudadanos de manera solidaria, por el impacto del delito ocasionado”.

El Decreto reforma los artículos 57, fracción II, incisos a) y e); 58; 83, fracción VI; adiciona un quinto párrafo al artículo 80; adiciona una fracción VIII al artículo 422 y un segundo párrafo al artículo 435, así como la adición de los artículos 436 Bis y 436, del Código de Justicia Militar.

Marina Arvizu señaló que los relatos de abuso sexual en Latinoamérica son conocidos y algunos casos emblemáticos. Dijo que las violaciones sexuales a mujeres por parte de integrantes del Ejército mexicano, en general no han recibido justicia.

“Las denuncias son esporádicas, especialmente cuando los responsables pertenecen a fuerzas policíacas o militares. Cuesta mucho hacer denuncias públicas tanto por factores sociales como por el miedo de las mujeres a ser estigmatizadas. Más aún cuando se dan en el contexto de una guerra, convencional o no, donde las violaciones a los derechos humanos son comunes, y las vejaciones sexuales son consideradas un mal menor por quienes sólo quieren sobrevivir.

“En un conflicto armado, en una situación de tensión política o policíaca, la violencia menos visible es la violencia sexual contra las mujeres. Miles de historias se guardan en lo más íntimo, ya sea por vergüenza o por temor a represalias. Mujeres de México, Colombia, Chile, Perú y el resto del continente comparten un secreto común: el de haber sobrellevado estas torturas durante algún episodio de la historia de sus países.

“La historia del Ejército y las Fuerzas Armadas es, sin lugar a duda, la historia de México, al ser una expresión del pueblo y símbolo de su patriotismo. Sin embargo, en los últimos tiempos la actuación del ejército y las fuerzas armadas se ha visto lesionada cuando alguno de sus miembros ha faltado al honor militar y a la responsabilidad que tienen con el pueblo de México.

“En el contexto de nuestro país las mujeres sufren de manera específica las consecuencias de la militarización, al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en las regiones donde existen antecedentes de organización indígena, campesina y, hasta hace muy poco, de crimen organizado.

“Según informes de Amnistía Internacional, desde 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas, campesinas y urbanas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca”.

Recordó el caso de trece mujeres de Castaños, Coahuila que el 11 de julio de 2006 fueron víctimas de una violación tumultuaria por parte de trece soldados; “y, recientemente, las cuatro menores violadas en Nocupétaro, Michoacán y no podemos dejar de mencionar a Ernestina Ascencio”.

“La violación es una colonización que degrada la sexualidad de las mujeres”.

Análisis de género en otras regiones del mundo, señalan que en contextos de conflicto político o militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de lucha política y la violación sexual se instrumenta como una forma de demostrar poder y dominación sobre los hombres del grupo enemigo, cualquiera que este sea. Chiapas, Atenco, Castaños, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Michoacán no son una excepción”.

A excepción del caso de Castaños, en todas las denuncias, la justicia militar es quién juzga a los soldados-delincuentes, dijo.

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