Documentos “reservados” en poder de EL UNIVERSAL señalan que el gobierno de Puebla fue advertido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de graves irregularidades en el tramo carretero de Alcomunga-Eloxochitlán, donde murieron sepultadas 32 personas.

La ASF comunicó que la obra, inaugurada hace tres años, presentaba “una deficiente planeación” y que faltó control en la supervisión de los trabajos.

El gobierno de Mario Marín respondió a las observaciones de los auditores federales, a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Arredondo, y de su contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, con justificaciones y negaciones de las fallas de planeación y supervisión,

Incluso, defendió a los funcionarios a los que la Auditoría Superior de la Federación calificó de “presuntos responsables” de violaciones a la ley y dejó fuera la posibilidad de aplicar medidas correctivas a la obra, que desde sus inicios presentó problemas de deslaves, derrumbes, retrasos y cancelaciones.

De esta manera, aunque la construcción quedó inaugurada, los auditores federales concluyeron que hubo “una deficiente planeación… al no considerar las características ambientales, climáticas y geográficas de la región”, y acusaron que la supervisión de los trabajos tampoco fue la óptima.

De hecho, en su revisión de la Cuenta Pública 2004 del gobierno de Puebla, el auditor especial de la ASF, Víctor Manuel Portal, recomendó aplicar “sanciones administrativas” a dos funcionarios del gobierno poblano que tuvieron a su cargo dicha obra: José Rogelio Vergara, director de Infraestructura de la SCT estatal en el gobierno de Melquiades Morales, y Vicente Lozano Martínez, residente de Construcción, de la misma dependencia, y quien continúa laborando en el gobierno de Mario Marín.