La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Mario Ernesto Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, para iniciar el proceso de extradición en su contra y entregarlo a Estados Unidos, para que enfrente en ese país cargos por narcotráfico, por lo que fue trasladado al Reclusorio Norte del Distrito Federal.

El juicio de extradición, solicitado por Estados Unidos, a través de una Corte Federal de Nueva York, busca que el ex funcionario sea procesado en ese país por los delitos de asociación delictuosa por importar cocaína, y por su probable asociación para distribuir y poseer cocaína con fines de distribución.

Aunque las autoridades mexicanas no pudieron acreditar ante tribunales su presunta relación con los líderes del Cártel de Juárez, estas mismas acusaciones sustentan la petición de detención provisional en su contra, ya que se le acusa de facilitar a esa organización delictiva que introdujera "grandes cantidades de cocaína" a ese país.

En un comunicado emitido por la PGR, en el que explica los motivos de la detención, se indica que Ramón Alcides Magaña El Metro-ayer sentenciado a 47 años y medio de cárcel- le pagó a Villanueva Madrid "para facilitar descarga, traslado, almacenaje y protección de los cargamentos de cocaína que recibía el Cártel de Juárez desde Colombia, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo".

Estas operaciones incluyeron el traslado de cargamentos de droga "por varios medios hasta Reynosa, Tamaulipas y ahí apoyado en Gilberto Salinas Doria la introdujera a MacAllen, Nueva York, Chicago, y otros destinos dentro de los Estados Unidos".

Por ello, durante las primeras horas de este jueves, el ex gobernador fue detenido por agentes federales al salir del penal de máxima seguridad Altiplano, de Almoloya, Estado de México, ante una orden de detención provisional con fines de extradición girada por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

Esto marca el inicio del proceso de extradición de Villanueva Madrid, por lo que las autoridades judiciales de Estados Unidos cuentan con 60 días para entregar todas las evidencias que tienen en contra del gobernador, para que sean valoradas por un juzgado federal, y éste determine si procede o no su entrega al gobierno estadounidense, un procedimiento que podría prolongarse varios meses, pues el ex funcionario tiene la posibilidad de ampararse.

mvc/grg