El Estado puede regular, controlar y fomentar actividades mediante disposiciones contenidas en leyes tributarias, para conseguir fines extrafiscales que beneficien ciertas actividades o sectores económicos; determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El alto tribunal aprobó una jurisprudencia que establece que la Constitución permite al ente estatal: planear, coordinar y orientar la actividad económica; así como regular y fomentar actividades que demande el interés general, mediante disposiciones fiscales que trasciendan el mero objetivo recaudatorio.

La determinación se sustentó de conformidad con el Artículo 25 de la Carta Magna, que otorga al Estado "la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, el cual debe ser útil para fortalecer la soberanía nacional y su régimen democrático".

Luego de resolver cinco amparos interpuestos contra disposiciones tributarias que tenían que ver con fines extrafiscales, la "Primera Sala de la Corte" declaró constitucional el fomento en áreas particulares, como instrumento de crecimiento de la economía, del empleo y para lograr una justa distribución del ingreso.

En diversas ocasiones el máximo tribunal del país, ha fallado a favor de la facultad de las autoridades, con el propósito de eliminar o disminuir el monto de los impuestos que tengan como objetivo favorecer a sectores de la población y actividades de particulares.

La Sala de la SCJN subrayó que el Estado debe apoyar e impulsar a las empresas sociales y privadas bajo criterios de equidad social y productividad, con sujeción a las modalidades que dicte el interés público, el uso y conservación de recursos productivos, así como el medio ambiente.

De igual forma, la Corte definió que "se alentará y protegerá la actividad económica de los particulares, y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico social".

En este sentido, los ministros definieron que los fines extrafiscales son los que orientan a las leyes tributarias al control, regulación y fomento de ciertas actividades o sectores económicos, con equilibrio entre el control estatal y las demandas de interés público.

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