La Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob llamó a los representantes de la Iglesia Católica, del gobierno capitalino y de la ALDF a reunirse y dialogar sobre la despenalización del aborto.

En entrevista el titular de esa subsecretaría, Florencio Salazar Adame, señaló que "en la Secretaría de Gobernación apostamos al diálogo, a la tolerancia, al respeto y a la libre manifestación de ideas" , a fin de que las partes involucradas lleguen a un acuerdo.

El funcionario federal sostuvo que ese encuentro es de vital importancia, ya que se trata de un tema relevante en la sociedad mexicana, por lo que se requiere un convenio en beneficio de la población en general.

Durante su intervención en la 19 Consulta Nacional Jurídica, Fiscal y Contable para Asociaciones Religiosas Salazar Adame señaló que la relación de diálogo entre las diversas religiones y los representantes del Estado tiene que ser abierta a cualquier tema y sin prejuicio ideológico.

Subrayó que las reformas constitucionales del 28 de enero de 1992 son piedra angular de una edificación normativa para adecuarla a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México.

En una amplia ponencia de 12 cuartillas, el funcionario señaló que esto debe responder a un proceso gradual, ya que una transformación estructural no ocurre en cuestión de días, meses o años sino de décadas, y para ello, la Secretaría de Gobernación (Segob) asumirá cuatro tareas relevantes en esta administración.

En el acto organizado por la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) convocó a la participación responsable de todos los sectores de la sociedad con tolerancia y respeto pleno a la diversidad de credos religiosos.

Resaltó que en el actual sexenio la Segob ejecutará, de manera prioritaria cuatro acciones. La primera, subrayó, consiste en armonizar las medidas de los tres órdenes de gobierno en la atención a conflictos por intolerancia religiosa.

Según el subsecretario las siete principales conductas intolerantes que con más frecuencia se presentan en México son: el hostigamiento por profesar creencias religiosas diferentes al del grupo mayoritario de la comunidad.

Asimismo, la imposición de cooperaciones, trabajos y cargos para las festividades religiosas de otra Iglesia distinta a la suya; oposición a la construcción de templos de otro credo; suspensión de servicios públicos como agua y cementerios; expulsión de la comunidad; privación ilegal de la libertad y agresiones físicas.

Mencionó que la segunda acción consiste en fomentar el diálogo interreligioso y la política pública de interlocución con los agentes religiosos sin importar su creencia, por lo que es necesario realizar actividades para la coexistencia pacífica entre individuos y grupos de las distintas religiones.

La tercera acción será difundir la normatividad aplicable en materia religiosa y fomentar la práctica de la tolerancia, a fin de que los gobernados ejerzan con responsabilidad sus derechos, cumplan con sus obligaciones y queden sentadas bases para una sólida cultura de la tolerancia.

Resaltó la importancia de instrumentar acciones para la traducción de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público a las principales lenguas indígenas, ya que el cumplimiento de la ley implica superar las barreras lingüísticas para su conocimiento.

La cuarta y última acción es proteger los bienes culturales de carácter religioso, lo cual deberá ser una prioridad del Estado mexicano, por lo que se redoblarán esfuerzos de colaboración con instancias competentes, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para identificar y catalogar esos bienes.

Apuntó que estos cuatro ámbitos relevantes de actuación de la subsecretaría a su cargo se inscriben en el marco de una laicidad concebida como escenario y presupuesto para el ejercicio efectivo de la libertad religiosa.

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