En una sesión de tres tiempos, la Suprema Corte declaró inconstitucional que los elementos del Ejército sean enviados al retiro por ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH-sida).

Asimismo otorgó un amparo a un militar fallecido y abrió un nuevo frente de debate en torno al derecho a la salud en otros cinco juicios que quedaron en suspenso.

Por ocho votos contra tres, el máximo tribunal del país declaró inconstitucional el artículo 226, numeral 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, tal como se había perfilado en el transcurso de la última semana.

La referida ley permite enviar al retiro a los militares que resulten positivos en la prueba de VIH, por considerarlos "inútiles para el servicio".

Por el momento, la decisión de la Corte sólo benefició a cuatro militares que tendrán que ser reinstalados en su cargo por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

En un hecho muy poco usual, también favoreció a uno más que murió durante el trámite del juicio a causa de su padecimiento.

En este caso ordenó que se le considerara en activo en el Ejército hasta el último día de su existencia para beneficiar a su familia con la pensión y otras prestaciones.

Guillermo Ortiz, presidente de la Corte, aclaró que la resolución no impide a Defensa ni Marina -después de que reinstalen a los militares amparados-, iniciar nuevos procedimientos para, mediante dictámenes médicos, decidir si son aptos para continuar o no en activo.

Como los amparos sólo benefician a quienes los tramitan, la ley continuará vigente y el Ejército está obligado a seguir aplicándola. La única forma de acabar con esto es que el Congreso la modifique.

Los ministros decidieron aplazar la resolución de cinco amparos más promovidos por militares con VIH que impugnaron otros temas, con el fin de decidir si la misma ley también viola el derecho a la salud, protegido por la Constitución.