Aprueba Venezuela eventual ocupación de comercios
El Consejo de Ministros de Venezuela aprobó hoy una ley que permitirá declarar de utilidad pública instalaciones de comercios e industrias que acaparen o especulen con los alimentos o atenten contra la seguridad alimentaria.
El Ministerio de Información informó que el Gabinete Ministerial aprobó la Ley Especial de Defensa Popular, para "luchar contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que atente contra la seguridad alimentaria de los venezolanos".
La ley "en defensa del pueblo venezolano" se aprobó para frenar la especulación de sectores empresariales que incrementan los costos de los alimentos y otros bienes y servicios "con pretextos ilógicos, muy alejados de la actual realidad económica del país", indicó.
El ordenamiento legal autoriza a las autoridades respectivas a ocupar los establecimientos que producen o venden alimentos, en caso de cierre o de violación de los precios regulados al sector.
La Ley Especial de Defensa Popular declara de "utilidad pública" toda la cadena de producción y comercialización de alimentos, y faculta al Ejecutivo para la "ocupación temporal preventiva" de dichos establecimientos.
Además, la ley contempla el decomiso inmediato de los productos
sometidos a control de precios, en caso de que el establecimiento o
local cierre, se niegue a la venta con precios regulados o incurra en
acaparamiento.
También prevé el cierre temporal y multas, cuando se altere la
calidad y el precio de los productos, y otorga a los Consejos
Comunales poder para conformar "Comités de Contraloría Social para el
Abastecimiento".
El jueves, Chávez anunció que a la brevedad aprobaría una ley
que permitiría estatizar las empresas que violen los precios
regulados en los alimentos, luego de decretar un alza de precios en
la carne, pollo y leche, frente a lo que llamó una ola de desabasto.
Sectores de la cadena productiva de alimentos, como los
ganaderos, afirman que los precios fijados por el gobierno les
impiden obtener márgenes suficientes para comercializar los
productos, y amenazan con cerrar la producción de carne.