Tras haber decidido iniciar anoche una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados, el Consejo General del IFE determinó -durante la madrugada de este jueves- ir en contra de la Secretaría de Gobernación, en especial contra su titular, Francisco Ramírez Acuña, por limitar la libertad de expresión de los partidos políticos.

Con el voto unánime de los nueve consejeros, ese órgano deliberativo del IFE aprobó, con el apoyo de siete de ocho partidos representados, solicitar al secretario Ramírez Acuña restituir la legalidad de las transmisiones de los programas de los partidos políticos, en especial los del PRD sobre la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como “presidente legítimo de México”.

Además, los consejeros le fijaron al funcionario un plazo de cinco días para que presente al Consejo General del IFE un informe, en el que se indiquen las acciones llevadas a cabo para garantizar el cumplimiento y restitución de la legalidad de las transmisiones de los programas de radio y televisión a que tienen derecho los partidos políticos.

Con esta exigencia, la autoridad electoral advirtió al titular de la política interna del país que en caso de no cumplir, podrían recurrir a otras acciones legales, toda vez que la dependencia a su cargo incurre en la “censura previa”, aspecto prohibido en México y en el ámbito internacional.

Los funcionarios electorales acordaron publicar esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y difundir su sentir ante la Secretaría de Gobernación en diversos desplegados periodísticos.

Consejeros y representantes de los partidos sumaron posiciones y reclamos en contra de Gobernación por no transmitir los promocionales de algunos institutos políticos con registro nacional, a partir de la negativa del director de la Dirección de radio Televisión y Cinematografía de esa dependencia, Eduardo Garzón, a las solicitudes del IFE para difundir el promocional del PRD sobre la toma de protesta de López Obrador como “presidente legítimo” de México.

Partidos políticos y consejeros del IFE consideraron como inadmisible que la Secretaría de Gobernación promueva la “censura previa”.

El consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde Ramírez, advirtió: “Todos hemos coincidido y me parece inadmisible que el Poder Ejecutivo, bajo ciertos argumentos, esté limitando una prerrogativa constitucional y legal a la libre expresión”.

grg