El gobierno federal comenzó ayer el despliegue de 3 mil 296 efectivos hacia Baja California, en específico a Tijuana, para hacer frente al narcotráfico y a la delincuencia, que han crecido "exponencialmente".

En la llamada Operación Tijuana participan elementos de las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República (PGR), con un esquema similar al que se aplica en Michoacán, desde el 11 de diciembre.

Durante la presentación del plan, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, garantizó que ningún estado será rehén de la delincuencia común, ni del crimen organizado.

El funcionario aseguró que se retomarán todas las regiones afectadas por la violencia. "En esta lucha, que irá avanzando paso a paso no se escatimarán los esfuerzos y recursos para hacer frente a la criminalidad y restablecer condiciones mínimas de orden y de autoridad", agregó.

De los elementos desplegados en la entidad fronteriza, 2 mil 620 son integrantes del Ejército, 162 de la Secretaría de la Marina y 514 de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).

La Defensa participará también con 21 aeronaves, nueve helicópteros, 28 embarcaciones, 247 vehículos tácticos y 10 perros adiestrados.

En las costas de Baja California la vigilancia estará a cargo de la Secretaría de Marina con una patrulla oceánica, tres patrullas interceptoras, dos helicópteros y dos vehículos de apoyo.

Los patrullajes en Tijuana serán responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública, que coordinará también labores de inteligencia e investigación, cumplimiento de órdenes de aprehensión, cateos y decomisos.

El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, dijo que ya se identificaron las zonas prioritarias de atención.

"Dentro del esquema hay mecanismos de intercambio de información en tiempo real, que permitirán ejecutar órdenes de aprehensión y reaprehensión, identificar el modus operandi y las estructuras criminales y, en general, evitar la violencia y la comisión de delitos comunes en el municipio", detalló el funcionario.

Ministerios públicos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada trabajarán con agentes en Tijuana, para realizar cateos, arraigos e intervención de comunicaciones privadas.