El presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, argumenta en un carta a los legisladores de PRD, PT y Convergencia, que tienen coincidencias:

1. En dar los primeros pasos hacia un sistema único de protección de la salud para todos los mexicanos;

2. En otorgar al sistema de pensiones y jubilaciones fortaleza y sustentabilidad de largo plazo;

3. En crear un sistema nacional de becas para que los estudiantes, en todos los niveles, tengan asegurada la permanencia en el sistema educativo público, que es y seguirá siendo laico;

4. En ampliar los beneficios de los programas nacionales de vivienda;

5. En fortalecer y transparentar, con la participación más activa de autoridades locales y municipales, los programas sociales de combate a la pobreza, tanto en zonas rurales como urbanas;

6. En explorar la viabilidad financiera de iniciar un programa nacional de pensiones para adultos mayores en condición de pobreza extrema;

7. En la reforma de régimen jurídico de las empresas del Estado, preservando la propiedad de la Nación sobre el petróleo y otros recursos naturales estratégicos.

8. En la reforma que otorgue a Pemex y CFE autonomía de gestión, fortaleza financiera y capacidad operativa;

9. En la reforma laboral, con respeto a la autonomía sindical;

10. En la reforma integral del sistema de justicia y seguridad pública;

11. En el combate a la corrupción y en la adopción de medidas de austeridad en los tres órdenes de gobierno;

12. En el impulso al federalismo y el fortalecimiento de las capacidades de los ayuntamientos municipales.

Las discrepancias

En el documento enviado, Calderón Hinojosa precisa que aunque son mayores las coincidencias también hay diferencias con el FAP:

“No puedo pasar por alto mi discrepancia con algunas de las afirmaciones contenidas en el punto 1 de su documento. No hay en México ‘retroceso democrático ni “restauración autoritaria’. Por el contrario, la ampliación de la vida democrática es la constante de los últimos años.

Sin embargo, a pesar de esa discrepancia, podemos coincidir en la necesidad de avanzar a la tercera generación de reformas en materia electoral: reduciendo el financiamiento público a partidos y campañas; acortando tiempos de campaña y regulando las precampañas; uniformando los calendarios electorales, federal y locales; fortaleciendo al IFE en su capacidad de vigilancia y fiscalización, preservando, al mismo tiempo, la autonomía e independencia del Instituto y del Tribunal Electoral”.