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Confirman BC y familia de Paulina acuerdo por negativa a aborto

Entre las medidas de reparación para la víctima y su hijo están gastos judiciales por el trámite del caso, gastos médicos, apoyo financiero para manutención, vivienda, educación y desarrollo profesional
Washington, EU | Miércoles 08 de noviembre de 2006 Notimex | El Universal18:59

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dijo hoy complacida por los avances en el cumplimiento de un acuerdo amistoso entre autoridades de México y los familiares de una víctima de violación que fue impedida a abortar.

“La CIDH observa complacida la disposición y colaboración de las partes para resolver esta situación y continuará dando seguimiento al proceso”, indico el órgano dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado difundido.

En una demanda presentada ante la CIDH, los peticionarios alegaron que en 1999, cuando Paulina Ramírez tenía 13 años, fue impedida en su derecho de abortar, después -tanto ella como su madre- fueron objeto de intimidación por parte de agentes del estado de Baja California.

Las partes ratificaron un acuerdo de solución amistosa, que comprende un reconocimiento público de responsabilidad de parte del gobierno de Baja California y un importante conjunto de medidas de reparación para la víctima y su hijo.

Entre estas se incluyen gastos judiciales por el trámite del caso, gastos médicos, apoyo financiero para manutención, vivienda, educación y desarrollo profesional, atención psicológica y reparación por daño moral.

El caso de la joven fue uno de los revisados a puerta cerrada por un grupo de trabajo, en el marco del 126 Periodo Ordinario de Sesiones que la CIDH celebró dos semanas atrás en esta capital.

La CIDH se manifestó también complacida por el avance significativo en el proceso de solución amistosa en el caso de Reyes Penagos Martínez, Enrique Flores y Julieta Flores, por hechos ocurridos en el estado de Chiapas.

En la petición se alegó que la muerte en 1996 de Penagos Martínez, integrante de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV) , sucedió mientras estaba bajo la custodia de la Policía Judicial del Estado, y que Julieta Flores y su padre, Enrique Flores, habrían sufrido torturas y detención ilegal.

El acuerdo incluiría la reparación a la viuda y los hijos de Penagos Martínez y a Julieta y Enrique Flores, un reconocimiento público de responsabilidad por parte del estado y la investigación de los hechos.

La CIDH expresó su satisfacción por la reunión celebrada entre las partes el 3 de noviembre en el marco de estas audiencias, cuando se hicieron efectivas algunas de las medidas de reparación.

mvc/dm



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